Julio García está roto de dolor. Su empresa familiar de autocares se va a pique. Sus cuatro hermanos se asociaron hace ya 29 años para sacar adelante Agarbus S.A., la compañía que fundó su padre, Alfonso García, en Leganés (Madrid).
Recientemente, la aparición de Julio en la televisión autonómica de Madrid impactó a la opinión pública. Entre lágrimas, apenas podía contestar a las preguntas del reportero. La voz no le salía a este conductor de autobús que relataba su estremecedora situación. Libre Mercado ha podido hablar en primera persona con el protagonista de este duro relato.
En el precipicio
"Estoy derrumbado. Estamos muy mal. Si ves todo el esfuerzo que he hecho por continuar con el legado de mi padre y todo lo que hemos vivido... (suspira). Es muy duro cuando ves que en siete meses todo el negocio familiar que tanto costó levantar se lo lleva el viento. Esto no se puede soportar", reconoce Julio.
Al empresario se le cae el alma al suelo por el sufrimiento e impotencia que siente al comprobar que no puede hacer nada. Julio García es el retrato del hundimiento económico y la profunda crisis que España atraviesa. La llegada del coronavirus y una ineficaz gestión gubernamental han traído consecuencias dramáticas y no únicamente para la economía, sino también para la salud mental de las personas que, como Julio, están devastadas al no encontrar ninguna salida posible.
A sus 60 años, este empresario paga una deuda de 20.000 euros mensuales. Tiene 14 autobuses y sólo 5 están activos llevando alumnos a los colegios. El resto de la flota está parada. Las cuentas no le salen y los vehículos que tiene activos le dan para cubrir sólo los gastos. Y de milagro.
"Nadie se imagina cómo estamos de mal. Estamos arruinados. La gente no sabe lo que vale un autobús, cuesta más que una casa. Los míos rondan los 300.000 euros cada uno. El 80% de nuestros servicios están dedicados a los tours turísticos y desde marzo se acabaron. Tengo 9 autobuses encerrados y hasta con telarañas. Los otros cinco autocares los saco porque tenemos contratos con colegios y no tenemos más remedio que cumplir con lo pactado, pero la realidad es que no nos da ni para los gastos. Mi familia y yo estamos malviviendo", admite con tristeza el conductor.
Julio cuenta que el Gobierno le tiene frito a impuestos y regulaciones con cláusulas leoninas. "No nos da para el gasoil, el seguro del autobús y de vida, los leasing, las inspecciones cada seis meses, la letra del vehículo, el Impuesto de Sociedades, el Impuesto de Actividades Económicas, el IVA, el 40% de la Seguridad Social de los trabajadores que están en el ERTE…Es imposible que hagamos frente con el 80% menos de facturación", lamenta.
El socio-propietario de la histórica empresa familiar avisa de que los próximos tres meses serán críticos. Están al límite y piden ayuda al Gobierno. Julio no entiende que se haya socorrido económicamente a otros sectores y al suyo no: "Si alguien no hace nada por nosotros estamos abocados a desaparecer. Hemos pedido unos préstamos ICO, pero igualmente estos ICO también tenemos que pagarlos. Han dado millones de euros para las líneas regulares, el turismo, los hoteles, y a nosotros nada".
Su hija es conductora en su compañía. Como ocurriera en la crisis de 2008, los negocios familiares son los que más sufren las consecuencias de la catástrofe económica. Si los números están en rojo, todos los miembros se van a pique. Julio sabe que el cierre de su flota es inminente. Lucha por que así no sea y ya no quiere ni imaginar que llegue ese momento en poco tiempo.
"A mí ya no me da la cabeza para pensar. Yo ya sólo pienso en vivir el día a día. Menos mal que está mi familia para apoyarme, porque si yo estuviese solo en este barco ya hubiera cerrado y que alguien hubiera venido a por nuestros autobuses. Hay que tener en cuenta que, junto con los diez trabajadores que tengo en ERTE, tengo 17 familias a mi costa. Es una gran responsabilidad", manifiesta el autobusero.
3.000 empresas al borde de la quiebra
Yolanda Bayo Asenjo, vicepresidenta de la asociación Direbús y gerente de la compañía de autocares Víctor Bayo, atraviesa por los mismos baches que el empresario arruinado de Agarbus. "El caso de Julio García es el de todos. Tenemos todos los autobuses parados y enormes gastos inasumibles. Las cuotas de los préstamos de la flota, seguros obligatorios de viajeros, seguros de instalaciones, seguros de vida, más otros seguros que te obligan para poder empezar con tu actividad. Además estamos esquilmados por Papá Estado. El impuesto de Sociedades y el impuesto de Actividades Económicas se paga en 2020 en función de lo que factures en 2019, y este año no hemos ingresado nada. Estamos arruinados. Es increíble, tenemos que anticipar al Gobierno unos impuestos de unos beneficios que no hemos obtenidos aún, ¡pero si no estamos trabajando!", exclama con enfado la empresaria.
En datos de Direbús, hasta 50.000 trabajadores podrían terminar en el paro. "El sector del transporte discrecional está condenado a desaparecer. Más de 3.000 empresas asisten con incertidumbre y preocupación a a mayor crisis que ha vivido el sector", declaran en una nota los asociados.
"Estamos al borde de la quiebra. No vemos futuro. No vamos a llegar a diciembre si el Gobierno no nos ayuda a paralizar esos préstamos o prorroguen el pago de impuestos. Queremos pagar, pero cuando tengamos actividad. A las líneas que tienen concesión pública, como ALSA o AVANZA, las han subvencionado con ayudas millonarias. Estas compañías nos van a devorar en tres meses cuanto en nos vayamos todos, inevitablemente, al concurso de acreedores. Estas grandes empresas han salido incluso beneficiadas de la crisis y van repartirse nuestros servicios cuando nos vean caer. El 95% de las micropymes de autocares son negocios familiares de gestión privada y vamos a desaparecer todos. Estamos condenados. Quebraremos y se lo quedarán las empresas a las que el Gobierno ha financiado y que nos hacen la competencia desleal", zanja la gerente de autocares Víctor Bayo a Libre Mercado.