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EDITORIAL

Unos Presupuestos para arruinar España

Confiscar la riqueza de particulares y empresas para destinarlo a gasto improductivo: ese es el plan de Gobierno en unos Presupuestos demoledores para un país sumido en una crisis económica formidable.

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Sánchez e Iglesias ya han puesto en marcha sus ruinosos Presupuestos Generales del Estado. La ley económica más importante del año va a estar sustentada en unas previsiones difíciles de creer, unas cuentas infladas, un terrible sablazo fiscal y un despilfarro de dinero público monumental. Para el Gobierno social-comunista, que España vaya a incurrir en el mayor gasto público de su historia –superando los 550.000 millones de euros– no es razón para avergonzarse, todo lo contrario. Es motivo de celebración. 

"Dejamos atrás definitivamente la etapa neoliberal de la austeridad y los recortes", proclamaba sin vergüenza Pablo Iglesias esta semana. Normal que exultara el potentado comunista, pues ha conseguido imponer su doctrina chavista sobre la pseudo-ortodoxia de Nadia Calviño. Lo primero que piensan hacer será empezar a dilapidar el dinero del contribuyente en partidas que nada tienen que ver con la crisis sanitaria y económica: a fin de cebar su red clientelar, buena parte del gasto irá destinado a subvenciones y bicocas de todo tipo.

Que durante la peor crisis a la que se ha enfrentado el país en periodo de paz el Gobierno haya decidido subir el sueldo un 0,9% a los funcionarios carece de toda lógica económica. Mientras el sector privado se ahoga, y sus trabajadores temen acabar en un ERTE o despedidos, los empleados públicos serán premiados con incrementos salariales y más contratos. En el colmo de la indecencia política, Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y su banda ministerial van a ver crecer sus nóminas, pese a su nefasta gestión de una crisis que se está cobrando la vida de decenas de miles de españoles. En el tercer trimestre del año, España alcanzó el récord de 3.337.100 trabajadores dependientes del Erario, y para el año que viene esa cifra seguirá aumentando.

Lo mismo ocurre con la aprobación de una subida de las pensiones, cuando la inflación apenas puede llegar al 0%. El Ejecutivo social-comunista planea arañar votos de uno de los colectivos más importantes del país –9 millones de personas– a cambio de poner en riesgo las prestaciones de los futuros jubilados y de llevar a la quiebra el sistema de la Seguridad Social. Que el Ministerio de Igualdad sea el segundo departamento con mayor incremento presupuestario es una broma de un gusto macabro. Cuando las colas del hambre se alargan y alargan en un país que ha perdido más de 100.000 empresas, Irene Montero va a manejar más de 400 millones de euros para denunciar la opresión del color rosa. No tiene nombre.

Por el lado de los ingresos, el despropósito no será menos escandaloso. Lejos de subir todos los impuestos a sus odiados ricos –el propio Gobierno ha reconocido que la subida del IRPF afectará a 36.000 contribuyentes y la de Sociedades, a menos de 2.000  empresas–, Sánchez e Iglesias han decidido machacar a la clase media. Con la subida del IVA al azúcar, el dieselazo, el impuesto a los plásticos o la eliminación de los incentivos a los planes de pensiones, el 84% de su subida fiscal de más de 6.000 millones recaerá sobre las rentas medias y bajas. Pero es más, con el tejido productivo resquebrajado y la economía en plena recesión, el Gobierno se atreve a prometer que las arcas estatales conseguirán una recaudación histórica, de 221.946 millones, que ni de lejos conseguirá. 

Confiscar la riqueza de particulares y empresas para destinarlo a gasto improductivo: ese es el plan de Gobierno en unos Presupuestos demoledores para un país sumido en una crisis económica formidable.

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