El proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021 presentado por el Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias es un presupuesto eminentemente ideológico que busca, en buena medida, estigmatizar ciertos sectores para contentar a Unidas Podemos. Una de las medidas que lo confirma es el ataque directo a las socimis, las sociedades cotizadas de inversión inmobiliara, que ahora pasarán a tener una tributación mínima del 15%, cuando hasta ahora este régimen cotizaba al 0%.
Aquellos menos familiarizados con este sector, e impregnados del espíritu revolucionario que desprenden los miembros de Podemos en el Gobierno, se verán tentados a pensar que esta medida está llena de justicia social en tanto en cuanto consideran a las socimis vehículos de especulación inmobiliaria beneficiada con un tipo del 0% para que los ricos inversores en ladrillo maximicen sus beneficios. Nada más lejos de la realidad.
Fuentes del sector recuerdan a Libertad Digital que la medida únicamente afecta a los beneficios no distribuidos por estas sociedades, y están obligadas por ley a distribuir al menos el 80% del beneficio obtenido. Es más, las empresas más importantes del sector, que suponen aproximadamente el 90% del mismo, Merlin Properties, Inmobiliaria Colonial y LAR España, reparten el 100% de sus beneficios, con lo que el impacto fiscal en las mismas es nulo.
"Además, es mentira que no paguemos impuestos", dice una de estas fuentes, "ya que nuestra actividad está sujeta a una importante carga impositiva, en los alquileres, la construcción, la actividad inmobiliaria en su conjunto genera una importante carga en impuestos".
Es decir que la medida recogida en los PGE de Sánchez e Iglesias contra las socimis afectará al 15% sobre el 20% que no repartan algunas compañías, lo que supondrá el 3% de un porcentaje insignificante del sector, en términos de volumen recaudatorio.
De hecho, esta medida que ya se recogía en el proyecto de PGE de enero de 2019 Hacienda limitaba a 10,5 millones de euros el alcance de la medida, cifras que distan mucho de los 260 millones de euros que esta misma cartera aseguró haber dejado de recaudar por el especial régimen de estas compañías.
¿Qué efecto tiene entonces?
Joaquín López-Chicheri, Consejero Delegado de Vitruvio, explicaba a Libertad Digital que lo que más le preocupa de esta medida es que se quiera confundir al contribuyente respecto al régimen socimi. "Esto no es como una sicav. Las socimis somos sociedades que, en esencia, hemos profesionalizado el sector inmobiliario en España y lo hemos evolucionado para hacer accesible a cualquier bolsillo la inversión inmobiliaria". A través de las socimis cualquier ahorrador puede participar en proyectos inmobiliarias de cientos de millones de euros adquiriendo una pequeña participación, y con ella, participar de los beneficios.
Además, "muchas veces se piensa en residencial cuando hablamos de inversión inmobiliaria, y las socimis invertimos eminentemente en sector terciario, es decir, grandes almacenes, oficinas o centros logísticos". Esto diversifica mucho la posibilidad de inversión inmobiliaria de los particulares.
Por otro lado, López-Chicheri, de Vitruvio, señala que, desde el punto de vista fiscal, su compañía no está preocupada y, aunque la dramática crisis económica en la que se está adentrando nuestro país también impacta en sus inversiones, lo hace en menor medida por la diversificación de sus activos. "Hemos dado facilidad a los inquilinos de los locales comerciales especialmente afectados por la crisis" y "pese a todo tenemos una posición de liquidez que nos permitiría mantenernos al menos un año en las peores circunstancias", señalaba.
En este sentido, el verdadero temor del CEO de Vitruvio era y es la estigmatización de un sector que ha aportado riqueza y profesionalización, actividad y puestos de trabajo, además de inversión, al negocio inmobiliario en España.
Medidas, como la recogida en los PGE, no sólo son ineficientes desde el punto de vista recaudatorio, sino que tiene un terrible efecto de estigmatización sobre el sector y lanza el mensaje al exterior de que en España se va a castigar este régimen .
Adiós a los inversores internacionales
Otra fuente de toda solvencia de este sector comenta a Libertad Digital que esta medida va en la línea contraria a la que expresó la pasada semana la vicepresidenta económica del Gobierno, Nadia Calviño, quien destacaba que la recuperación económica de España va a depender de la confianza que tenga el inversor internacional en nuestra economía.
En este sentido, "si te pones en la piel de un inversor que está buscando un sector pujante y unas buenas condiciones para establecerse en estos momentos de oportunidad, España acaba de lanzar el mensaje de que aquí no es el mejor lugar para invertir".
En definitiva, el ataque a las socimis provocará un nulo efecto recaudatorio pero un peligroso y dañino efecto en la imagen de la seguridad jurídica en España como destino inversor.
La tradicional falta de seguridad jurídica española
Otra de las fuentes consultadas teme que este tipo de medidas abunde en algo que ya se empieza a afianzar fuera de nuestras fronteras, "la tradicional falta de seguridad jurídica española" y que ya ha pasado factura, por ejemplo, en el sector de las renovables.