El punto 10.6 del acuerdo publicado el 30 de diciembre y alcanzado entre Podemos y PSOE de cara al gobierno de coalición que toma forma en estos días dice:
"Se reformará el régimen jurídico y fiscal de las SOCIMIS, aplicando un tipo de gravamen del 15% sobre los beneficios no distribuidos"
Ya el año pasado, en enero de 2019 el Gobierno de Sánchez trató de sacar adelante unos presupuestos donde se contemplaba precisamente esta subida fiscal para las Socimis, que finalmente no prosperó. Ahora, Iglesias y Sánchez se proponen llevar a término este ataque frontal a un sector que ha logrado atraer inversión y revitalizar el mercado inmobiliario en España, maltrecho tras la gran crisis económica.
En un reciente foro sobre Socimis organizado por el grupo Libertad Digital y con el apoyo de Merlin Properties, el exvicesecretario de Hacienda de la Comunidad de Madrid y colaborador de LD, José María Rotellar, recordaba precisamente que tras el estallido de la crisis, en 2009, fue cuando surge este vehículo de inversión de forma estratégica porque contribuyó a "dinamizar el mercado inmobiliario y a abrir nuevas ventanas de oportunidad a los distintos inversores que desean rentabilizar su patrimonio, pero que no disponen tampoco, en muchos casos, de capital suficiente como para acometer grandes inversiones por ellos mismos o que no quieren correr tantos riesgos", decía. Un vehículo, en definitiva que permitía tanto a grandes inversores, como a pequeños ahorradores acceder a vehículos de inversión atractivos.
Por este motivo, es un sector que ha contribuído a ganar dinamismo, riqueza y empleo al sector inmobiliario y de construcción desde su aparición y hasta nuestros días. También a su profesionalización, como recuerdan algunas fuentes.
"¿Nadie ha calibrado el riesgo?"
Aunque señalan que todavía hay que saber cómo se van a concretar las medidas del Gobierno sobre el sector, fuentes del mismo se sinceran con Libertad Digital y explican que el impuesto del 15% que anuncia el acuerdo entre Podemos y PSOE sobre el beneficio no distribuido va a tener poco efecto recaudatorio. Estas fuentes recuerdan que las socimis están obligadas a distribuir como mínimo el 80% del beneficio y también recuerdan que las más grandes suelen distribuir el 100%.
Al mismo tiempo, el verdadero problema que observa el sector es que se introducen elementos de incertidumbre de cara a la inversión extranjera. "La estabilidad de la seguridad jurídica es un bien en sí mismo, pero si lo alteramos podemos provocar el recelo del inversor extranjero que, en muchos casos, ya está sobre aviso después de los cambios que sufrió el sector renovable".
En este sentido, todas las fuentes consultadas coinciden en que "quien percibe cambios en las reglas del juego retrasan, o directamente descartan, su inversión en España".
Diálogo
Las mismas fuentes recuerdan que las socimis han traído al sector no sólo riqueza y dinamismo sino también "profesionalización". En este sentido, recuerdan que "antes de la crisis estábamos ante un modelo muy oportunista y nada profesional que construía casi 700.000 viviendas al año". La aparición de las socimis permite la inversión en vehículos transparentes con reglas de gobierno corporativo y gestión impecables.
Otra de las fuentes apuesta por el diálogo con instituciones y organismos públicos "para buscar las mejores fórmulas para el sector" y evitar así introducir elementos que distorsionen todo lo bueno que ha logrado esta figura, la socimi, y las bondades de tener un marco legal estable y la igualdad en términos competitivos.
Controlar el precio de la vivienda
Las mismas fuentes también recuerdan al ejecutivo que la exposición de todo el sector de las socimis en el mercado residencial es del 2%, y entre las tres grandes el 0%, con lo que su actuación sobre ellas no va a tener efecto alguno en cualquier objetivo que se hayan planteado de control del precio del alquiler, o del precio de la vivienda.
Competitividad
En definitiva, las fuentes del sector coinciden en que la competitividad en España se vería resentida con medidas de este tipo que alteran el marco jurídico e introducen incentivos perversos. También recuerdan estas fuentes que la llegada de inversiones extranjeras permiten la dinamización y la creación de riqueza en un sector en el que invierten más de 40.000 particulares.