La patronal madrileña, CEIM, ha publicado un interesante informe sobre la tributación del ahorro y su incidencia en la reactivación económica. El estudio, realizado por el Instituto de Estudios Económicos, enfatiza la importancia de reducir este tipo de gravámenes y evalúa positivamente el modelo vigente en la Comunidad de Madrid, donde no se aplica el Impuesto sobre el Patrimonio y el Impuesto de Sucesiones y Donaciones está bonificado al 99%.
Según explica CEIM, la tributación del ahorro no debe ser evaluada solamente desde la perspectiva familiar, sino que más bien debe estudiarse como una forma de imposición que afecta directamente a la actividad empresarial. "Penalizar el ahorro supone lastrar la inversión y, por tanto, la productividad y el dinamismo económico", subraya la asociación representativa del tejido empresarial madrileño.
Tocando específicamente la cuestión del Impuesto sobre el Patrimonio, el informe apunta que dicho gravamen "conlleva importantes costes de gestión y, a cambio, presenta una escasa capacidad recaudatoria, que apenas alcanza el 0,1% del PIB en España". En cambio, este tributo "lastra la atracción de capital y distorsiona su asignación, de modo que tiene un efecto adverso sobre la economía, afectando así al crecimiento y al empleo". Así, "aunque este impuesto solo está pensado para una parte de la población que posee más activos, al final sus consecuencias terminan recayendo sobre todos los contribuyentes".
Ejemplos en el extranjero
La literatura disponible que ha repasado el Instituto de Estudios Económicos a la hora de completar el informe bebe de diversas fuentes internacionales. En Alemania, por ejemplo, el prestigioso Instituto IFO ha calculado cuál sería el efecto de introducir un Impuesto sobre el Patrimonio en la economía teutona. El resultado es que el PIB se reduciría hasta un 5% como resultado de la aplicación de este gravamen. En la misma línea, la inversión bajaría un 10% y el empleo caería un 2%.
Otro caso digno de mención lo tenemos en Francia, el único país de la Unión Europea que venía manteniendo un Impuesto sobre el Patrimonio junto con España. Nuestros vecinos galos han observado que las salidas de capital provocadas por dicha tasa ascendían a un promedio anual de 33.000 millones de euros. Al final, las pérdidas provocadas por el gravamen superaban de forma muy holgada cualquier beneficio recaudatorio obtenido a corto plazo.
No es de extrañar, por lo tanto, que Francia acabase eliminado este tributo, convirtiendo a España en un triste caso de exotismo fiscal, puesto que no solo figuramos como el único país que grava el patrimonio sino que, además, se ha incluido la revisión al alza de este impuesto en los Presupuestos Generales del Estado que ha presentado el gobierno para 2021.
Madrid no tiene ni Patrimonio ni Sucesiones
Centrando el tiro en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, el informe de CEIM recuerda que la escala progresiva de dicho gravamen y la aplicación de los distintos coeficientes multiplicadores, tales como el parentesco o el patrimonio preexistente, hacen que el tipo marginal de este gravamen llegue al 81,6%, un nivel escandalosamente confiscatorio.
A partir de toda la evidencia disponible, CEIM aplaude la decisión de Madrid de vaciar el Impuesto sobre el Patrimonio y fomentar así una mayor competitividad fiscal. En este sentido, no hay que olvidar que Madrid no solo "compite" con otras regiones españolas sino que, en el actual contexto de globalización económicas, su marco fiscal debe ser atractivo en comparación con otras grandes capitales europeas y de la OCDE.
Por otra parte, teniendo en cuenta que en ocasiones se defiende este tributo con pretensiones recaudatorias, el estudio recuerda que España ya es uno de los países que más impuestos aplica al ahorro y apunta que, de acuerdo con la evidencia internacional, subir este impuesto puede hacer que la recaudación total se reduzca, en la medida en que conduce a menores niveles de inversión, productividad, crecimiento y empleo.
Las conclusiones que presenta el IEE en el informe de CEIM coinciden con la evaluación que ha realizado la consultora EY en un estudio encargado por el think tank estadounidense American Action Forum. Dicho documento explica que este tipo de medidas fiscales se traslada a la actividad empresarial y tiene el efecto de reducir el PIB un 0,6% y los salarios un 0,7%.