Los trabajadores autónomos, además de tener como clientes a particulares y empresas, pueden ofrecer servicios a las Administraciones Públicas: Ministerios, un Ayuntamientos, Comunidades Autónomas o empresas públicas.
En este sentido, en España se convocan anualmente entorno a 100.000 licitaciones o concursos públicos, a través de los cuales los organismos públicos solicitan la realización de servicios o demandan productos. Se trata de una opción por la que cada vez más pequeños negocios están apostando, debido a la mejora de la Ley de contratos públicos. Sin embargo, hay que recordar que el riesgo de la morosidad pública es bastante elevado y, en la práctica, el período de pago de las facturas por parte de las Administraciones sigue superando el límite de 30 días que marca la ley.
Por tanto, uno de los riesgos al que se enfrentan los autónomos y pymes que se presentan a estos concursos es que, a menudo, las entidades públicas tardan demasiado tiempo en pagar. Ante este problema, surgen soluciones de financiación como las que ofrece Gedesco, la mayor compañía de financiación no bancaria de España.
Concretamente, el Período Medio de Pago (PMP) es elevado sobre todo en los ayuntamientos. Ante esto, Gedesco ofrece una solución especialmente indicada, ya que las empresas pueden contar con el Anticipo de facturas de la Administración y Entidades Públicas, adelantando el cobro de las facturas pendientes y obteniendo así liquidez inmediata.
Este año, pese a las circunstancias excepcionales de la pandemia, las entidades públicas han seguido reclamando los servicios de los pequeños negocios. De hecho, según los datos de DoubleTrade, desde el mes de marzo la Administración publicó un total de 61.171 concursos por un valor total superior a 44.500 millones de euros.
Según esta consultora, el grueso de licitaciones publicadas se produjo en junio y julio, con 13.199 y 11.740 respectivamente, mientras que los concursos de mayor cuantía se publicaron en agosto y septiembre. Los contratos de servicios han sido los más convocados desde marzo, seguidos de los contratos de suministros, y se centran en los sectores de la construcción, las TIC y la sanidad.