Parece que fue ayer, pero cumple dieciocho años la Rumasa expropiada de Ruiz Mateos y Boyer, insólita sociedad de víctima y verdugo, de efectos insospechados pero, en todo caso, extraordinariamente abultados. Dieciocho años de “el otro 23-F”, con docenas de sentencias, miles de folios de sumarios y expedientes, justiprecios y reclamaciones, que vienen a ser una patética demostración de cómo funciona la administración de la Justicia en España. Le han devuelto la razón, pero ni un céntimo más.
Bien es cierto que, mientras tanto, Ruiz Mateos ha descubierto su propia forma de sobrevivir. Tiene, nuevamente, miles de empleados, decenas de empresas, pero casi todas clandestinas, “en la intimidad”. Hasta una radio, tiene “Ruizma”, y un club de fútbol. Y derecho a seguir pataleando, reclamando por lo que una noche, y a punta de metralleta, le quitaron por unas prácticas que eran comunes y corrientes a todos los presidentes bancarios de su época, sin excepción.
Algún día los contribuyentes del país pagaremos ese otro “ctc”, costes por transición desde la clandestinidad a la legalidad, como pagamos el coste de la epidemia de la colza, a las víctimas del terrorismo etarra, el coste del gasóleo para los transportistas, la medalla de Melitón Manzanas, las vacas locas, o los abusos de Gil en Marbella. Suma y sigue.
Porque siempre hay un contribuyente que paga los errores y las listezas de quien mete la pata o la mano. O ambas dos cosas.
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