Para Pedro Sánchez esta semana debió haber sido la de la tranquilidad. Tras meses de arduas negociaciones, los gobiernos de la Unión Europea habían alcanzado un acuerdo para desbloquear el presupuesto comunitario para 2021-2027 y el gigantesco Fondo de Rescate que pretende reavivar el crecimiento económico tras la crisis del covid-19.
Moncloa sabe que estos fondos son vitales para su estrategia presupuestaria, puesto que le permitirán financiar numerosas partidas de gasto con cargo al Fondo de Rescate que financian nuestros socios comunitarios. Por eso, Sánchez no solo no ha puesto ningún impedimento a la tramitación del programa, sino que incluso ha pedido que España pueda recibir un adelanto y empezar a manejar estos recursos en los últimos meses de 2020.
Pero en Varsovia y en Budapest tenían otros planes. Los gobiernos de Mateusz Morawiecki y Viktor Orban llevaban meses criticando una cláusula con la que se pretendían vincular los fondos europeos al "respeto al Estado de Derecho". Polacos y húngaros temen que la Comisión y el Parlamento Europeo aprovechen esta cláusula para interferir en asuntos de política nacional que, a su juicio, deben decidirse en el marco de la soberanía nacional. Bruselas, por su parte, insiste en que algunas de las leyes y reformas aprobadas por ambos países han perjudicado la separación de poderes o el pluralismo político, mediático y social, lo que vendría a justificar este tipo de injerencia.
El choque de trenes se confirmó el fin de semana, cuando Budapest comunicó por escrito a Berlín y París que se opondría al acuerdo, evitando su aprobación por la ruptura de la unanimidad requerida. Este martes, Hungría y Polonia siguen insistiendo en el veto al fondo. Ni Merkel ni Macron movieron ficha, confiando en que hubiese un pacto a última hora. Tanto Morawiecki como Orban cumplieron su promesa y, a fecha de hoy, el "rescate" europeo está en el aire.
Según una encuesta publicada por uno de los periódicos más leídos de Polonia, la mayoría de los ciudadanos del país está de acuerdo con su gobierno, en la medida en que el 57% respalda el veto anunciado por Morawiecki y solo un 20% se muestra en contra. No hay que olvidar que la intención de voto del partido de gobierno, Ley y Justicia, ronda el 30%, de modo que el rechazo a los planes de Bruselas trasciende líneas partidistas.
Y ahora, ¿qué puede ocurrir?
¿Qué opciones hay ahora encima de la mesa? Este jueves se celebra una reunión por videoconferencia, pero no parece posible que Hungría y Polonia accedan al acuerdo bajo los términos actuales, de modo que la situación puede enquistarse y complicar los planes del gobierno español, que ha presupuestado el curso 2021 en base a las ayudas europeas.
Hungría y Polonia podrían dar su visto bueno a una versión relajada del acuerdo, que plantee menos exigencias y asegure que los fondos serán desembolsados con independencia de cualquier diferencia de criterio entre Bruselas y ambos países. Sin embargo, esto también requiere la aprobación del Parlamento Europeo, de modo que el camino podría ser complicado y largo.
La tercera vía, descartada en su momento por los técnicos europeos, consiste en crear vehículos financieros especiales que se dediquen a financiar el "rescate" de manera similar a la de la pasada crisis. Sin embargo, todo esto se traduciría en varios meses de retraso, puesto que supondría rehacer todo el papeleo y requeriría configurar nuevas instituciones especiales enfocadas en canalizar y desembolsar los fondos movilizados.
De modo que la semana de tranquilidad ha terminado siendo la de la pesadilla. Aunque el gobierno de España se ha mostrado confiado en que habrá acuerdo, en Berlín y París reconocen su nerviosismo y las fuentes comunitarias consultadas por la prensa especializada son aún más pesimistas. Empieza a parecer evidente que el "rescate" puede retrasarse. Y eso es precisamente lo último que quería Sánchez.