El gobierno declara Madrid "zona catastrófica" por los destrozos y pérdidas económicas provocadas por la borrasca Filomena, pero señala que la estimación de daños divulgada por el consistorio que dirige José Luis Martínez Almeida no se corresponde con la realidad y sobreestima los costes que dejará la dura nevada en la Villa y Corte.
Se abre, pues, un nuevo frente entre el gobierno de España y las Administraciones Públicas madrileñas, aunque esta vez los ataques no se dirigen a Sol y a la presidenta autonómica Isabel Díaz Ayuso, sino que el dardo del Ejecutivo se lanza contra Cibeles y el equipo de gobierno municipal.
En opinión de Teresa Ribera, vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica, la estimación de daños planteada por el Ayuntamiento de Madrid plantea un escenario de pérdidas "bastante desviado respecto al coste de fenómenos meteorológicos previos, como por ejemplo la DANA".
Ribera ha insistido en cuestionar los cálculos de la corporación local, apuntando que la cifra de casi 1.400 millones que avanzó Libre Mercado se sitúa "en cifras muy lejanas al gasto producido en otras crisis de estas características". En este sentido, la dirigente socialista pidió "una estimación más exacta" de los daños sufridos por Madrid.
Tres errores de bulto
Tomando esta posición crítica con el informe elaborado por Cibeles, Moncloa incurre en tres errores de bulto.
1. Peras con manzanas. En primer lugar, compara fenómenos como la DANA, ocurridos de forma periódica en zonas mucho menos pobladas y con menor actividad económica, con una nevada sin precedentes en medio siglo que no solo paralizó por completo la capital de España, sino que también dejó en una situación muy precaria a buena parte de la Comunidad de Madrid. De hecho, fue tal el impacto de Filomena que también se ha aprobado la declaración de "zona catastrófica" para otras siete comunidades autónomas.
2. Daños privados. En segundo lugar, ignora que la declaración de "zona catastrófica" no alude solamente a un cálculo de daños públicos (por ejemplo, el duro impacto de la nevada sobre el arbolado de la capital), sino que también abarca el perjuicio sufrido por el sector privado (activos destrozados, facturación perdida, etc.). No hay que olvidar, de hecho, que la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil se refiere precisamente al deber de considerar los daños sufridos por los particulares, que deben beneficiarse de "exenciones fiscales", "ayudas directas" y otras medidas de alivio. En este sentido, solamente la caída de facturación sufrida por el sector privado supondría 1.000 millones de euros de pérdidas, a los que habría que sumar 400 millones de daños del patrimonio público y privado.
3. Cifras reales. En tercer lugar, pasa por alto el hecho de que el informe del Ayuntamiento de Madrid fue realizado con datos reales que permiten medir la evolución del consumo con tarjetas de crédito y ajustar tales datos al conjunto de transacciones estimadas para la economía local, teniendo siempre en cuenta el peso de cada sector de actividad sobre el PIB de la ciudad. No hablamos, pues, de cifras estimativas que podrían estar "infladas" con algún propósito político, sino de datos reales de actividad económica durante los días de parón por la borrasca. De hecho, el propio ministerio de Economía que encabeza Nadia Calviño ha empleado este tipo de indicadores para comentar la evolución de la recuperación económica tras el estallido de la covid-19, algo que por otro lado es práctica habitual en los estudios que elaboran think tanks, fundaciones, universidades, empresas de consultoría y centros de análisis especializados en el estudio de la economía.