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El Gobierno compra el silencio de los sindicatos disparando sus subvenciones

El Ejecutivo de Sánchez e Iglesias regará este año con casi 14 millones de euros de dinero público a los sindicatos, un 56% más que en 2020.

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El Ejecutivo de Sánchez e Iglesias regará este año con casi 14 millones de euros de dinero público a los sindicatos, un 56% más que en 2020.
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz | LD

Sorpresa tras el Consejo de Ministros de ayer martes. El Gobierno coló una subida de las subvenciones a los sindicatos entre la larga lista de normativas que se aprobaron en una reunión, aparentemente, sin mucha trascendencia. Así, el Ejecutivo formado por PSOE y Podemos acordó autorizar a la Subsecretaría del Ministerio de Trabajo y Economía Social "la convocatoria de subvenciones por importe de 13.883.890 euros destinadas a las organizaciones sindicales en función de su representatividad por la realización de actividades de carácter sindical en 2021".

Esta cuantía supone disparar un 56% las subvenciones que se le otorgaron a CCOO o UGT un año antes: 8.878.123,74 euros. En el año 2013, en plena crisis del ladrillo, el Gobierno de Mariano Rajoy le asestaba un segundo recorte del 20% a estas partidas y, desde entonces, las subvenciones a los sindicatos no se habían movido del entorno de los 8.900.000 euros.

Ahora, cuando España está sumida en la peor debacle económica del periodo de paz, el Ejecutivo de Sánchez e Iglesias ha decidido que es el mejor momento para regar a los sindicatos con más dinero público. Todavía falta la publicación en el BOE de esta medida y determinar las cuantías que le tocan a cada sindicato, pero los bastiones de Unai Sordo (CCOO) y Pepe Álvarez (UGT) serán los grandes ganadores.

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Si tenemos en cuenta que nuestro país está atravesando una de las crisis sanitarias más graves de su historia y de que cada euro de dinero del contribuyente es más necesario que nunca, sorprende la generosidad del Gobierno con los organismos que dicen representar a los trabajadores.

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Con el número de desempleados en España rozando los 4 millones de parados, con los trabajadores en ERTE disparados, de nuevo, hasta las 900.000 personas y con 204.830 empresas menos hasta el verano, también ha sorprendido el perfil bajo que han estado llevando los sindicatos con el Gobierno durante todos estos meses.

Y no sólo el descalabro del mercado laboral sería razón más que suficiente para que estos profesionales de la manifestación hubieran salido a las calles, día sí y día también, para protestar contra la situación de la clase trabajadora que tanto presumen de proteger. Es que el Ejecutivo de Sánchez e Iglesias tampoco ha cumplido la mayoría de los compromisos que adquirió con los sindicatos al llegar a Moncloa, como derogar la reforma laboral del PP o subir el SMI en 2021. El Gobierno decidió arrancar 2021 con el Salario Mínimo congelado en los 950 euros y ni por este motivo CCOO y UGT se han planteado una huelga.

Un amago de protestas

Curiosamente, el pasado 11 de febrero los dos sindicatos mayoritarios convocaron "50 concentraciones" por toda España bajo el lema Ahora sí toca, aunque tuvieron escasa repercusión. El tibio discurso del secretario general de CCOO, Unai Sordo, en el que no hacía ni una sola crítica al Gobierno de Sánchez, dejaba constancia de su complacencia.

Sus exigencias a Sánchez e Iglesias pasaban por "revalorizar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2021 —una cuestión de justicia social—, derogar las reformas laborales aprobadas durante la anterior crisis –que solo facilitan y abaratan los despidos, limitan la capacidad de la negociación colectiva y generan más precariedad y peores salarios—, y derogar la reforma de las pensiones de 2013". De momento, el Gobierno no ha movido ficha para conseguir alguno de estos tres puntos, pero 12 días después, a los sindicatos les han concedido una buena suma de dinero.

Este regalo a los sindicatos se produce en una época en la que la afiliación sindical en España se ha desplomado. Los trabajadores cada vez confían menos en los sindicatos a la hora de proteger sus derechos y, según los últimos datos de la OCDE relativos a 2018, sólo el 13,6% de los asalariados españoles estaba adscrito a alguna de estas organizaciones.

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