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El rescate, un eufemismo

El rescate público es, simplemente, en casi todos los casos, un despilfarro de recursos económicos por parte del rescatador.

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Ya sé que se emplea, aunque creo que desde hace muchos lustros no se usa rescate en su justo sentido. En su acepción más primigenia, y sigue así en el primer significado de la RAE, rescatar es “recobrar por precio o por fuerza lo que el enemigo ha cogido (...)”.

Por ello, ante un rescate, lo primero que nos preguntamos es quién o qué es lo cogido violentamente, y quién el enemigo que se apropió o que privó violentamente de libertad. En ese sentido, rescatar a una persona es una obra de misericordia, y a una cosa, la recuperación de su propiedad. Ninguna de las dos cosas se produce en el caso que hoy ocupa al pueblo español.

El rescate público, para delimitar el campo, es, simplemente, en casi todos los casos, un despilfarro de recursos económicos por parte del rescatador –sector público–, en auxilio de una empresa mal gestionada, a la que nadie acepta financiarle sus pérdidas.

¿Por qué no llamarle “nacionalización” o “estatificación” de una propiedad o, incluso, de unas pérdidas? Resulta chocante que la vicepresidenta económica opine que esto no va con ella. Si lo económico no va con ella, ¿con quién va? Ya lo entiendo; no quiere entrar en una pelea gubernamental. De hecho, nadie ha prestado su conformidad al rescate.

Además, ¿por qué se rescata a unas y no a otras? La respuesta, aunque falaz, la conozco: sólo se rescata aquello que tiene interés nacional. Ahí, como en la demanda social, cabe todo.

El maldito rescate contraviene todos los principios económicos del libre mercado, lo cual, aunque agradará a los comunistas –ellos sólo reconocen al empresario Estado–, daña profundamente la libertad y, con ella, la responsabilidad empresarial.

El empresario, al igual que tiene derecho a percibir beneficios legítimos, como resultado de su buena gestión, tiene derecho – permítaseme el término en este caso– a quebrar y desaparecer como resultado de una mala gestión. Sólo estas opciones dignifican la función de todo empresario; también del financiero que asignó créditos al quebrado.

Lo del interés nacional a mí siempre me ha sonado a música celestial. Todo lo que había en el viejo INI –precursor de la actual SEPI–, automóviles, hoteles, transportes, petróleo… eran sectores de interés nacional y, por lo visto, siguen siéndolo. 

Ya en democracia –25 de septiembre de 1978–, el Patrimonio del Estado rescata, aplicando la ley de 24 octubre 1939, la empresa de calzado Silvestre Segarra, por interés nacional –entre sus fabricados estaban las botas para el Ejército–.

Ahora le toca a la aérea Plus Ultra, a cuya denominación se debía haber opuesto el interés nacional –esta vez sí–, por utilizar el lema del escudo nacional desde el emperador Carlos I (1516) como nombre comercial. Todo, para acabar en un Plus Ultra, tan acá –0,03% de los vuelos en España–, signo de su debilidad.

¿Cuándo exigiremos racionalidad económica para manejar recursos escasos? 

¡Dejen que funcione la competencia libre; ésta sí ha demostrado saberse bien la lección!

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