Como está quedando pavorosamente de manifiesto, la artera decisión adoptada a finales del año pasado por la ministra para la Transición Ecológica, la fanática Teresa Ribera, de trasladar parte del coste de la factura de la luz –el correspondiente a las ayudas a las energías renovables– a los comercializadores del gas natural y los carburantes no va a abaratar el precio de estos últimos ni tampoco –lo más mínimo– la tarifa eléctrica, que, lejos de bajar, está alcanzado registros históricos. Así, si el precio de la gasolina roza los 1,36 euros el litro –su nivel más alto en los últimos siete años–, el de la electricidad ha marcado este miércoles el tercer nivel más caro de la historia, al situarse en 94,63 euros por MWh.
Ante este hecho, que da cuenta del desastre provocado por la decisión del Gobierno de implantar un modelo de facturación que busca que el consumo eléctrico de las familias se haga en horas tan intempestivas como las que van de las 12 de la noche a las 7 de la mañana, la ministra de esta demencial y ruinosa transición ecológica ha balbucido la posibilidad de reducir algo los impuestos que gravan el consumo eléctrico.
Ciertamente, la voraz presión fiscal es uno de los factores que determinan el precio de la luz. Sin embargo, lo que propone Ribera es únicamente una "suspensión temporal" de tan sólo uno de los numerosos impuestos que gravan el precio de la energía en España, en concreto el impuesto sobre la generación, del 7%, sin bajar los demás, entre ellos el IVA, del 21%, uno de los mas altos de Europa.
Se da la circunstancia añadida de que el precio de la energía en España soporta el déficit tarifario y los costes históricos de un ecologismo talibánico y apocalíptico, como las primas a las energías renovables que se instalaron en la primera década de este siglo, cuando los costes de instalación eran muy superiores. Si a eso se añade la irracional aversión a la energía nuclear y el encarecimiento de los derechos de emisión de CO2, que los Estados cobran pero que los ciudadanos en última instancia pagan, queda claro que no sólo es un problema de gestión o de mera voracidad fiscal, sino de modelo de producción energética.
Mientras no se eliminen las trabas a la producción de energía y no se liberalice este mercado oligopólico e hiperregulado no habrá energía abundante y barata que potencie el desarrollo económico de la Nación. Sólo hay demagogia y delirios ecologistas totalitarios que, enmascarados en la protección del medioambiente, seguirán causando estragos, especialmente entre los supuestos protegidos del Gobierno social-comunista: los de abajo.