La noticia saltó hace algunas semanas, tras la cumbre del G-7 en Inglaterra. De aquella cita salió un firme compromiso de introducir un "Impuesto Mínimo Global" que elevará el Impuesto de Sociedades para las empresas, permitiendo la posibilidad de gravar sus ganancias con independencia de dónde se hayan producido.
La OCDE, que lleva muchos años promoviendo esta armonización fiscal a nivel global, asumió la tarea de concretar la propuesta, con la mirada puesta en aplicar una tasa de al menos un 15% a las empresas afectadas. En cuestión de semanas, la organización con sede en París logró la adhesión de 130 países, confirmando que la cosa va muy en serio.
Sin embargo, han surgido algunas voces discordantes que se desmarcan de la pretensión de la OCDE y plantean su probable oposición al esquema planteado. Es el caso de Irlanda, cuyo ministro de Finanzas, Pascal Donohoe, ha declarado estar "absolutamente comprometido" con el objetivo de apoyar mejoras en la fiscalidad internacional, pero se ha mostrado escéptico ante la idea de aplicar un "suelo" fiscal del 15%.
No hay que olvidar que Irlanda ha crecido de forma muy acelerada gracias a un modelo tributario basado en un Impuesto de Sociedades del 12,5%. Donohoe es consciente del apoyo social que tiene la apuesta por los impuestos bajos, puesto que dicha reforma permitió un "boom" en materia de captación de inversión foránea y empresas multinacionales. Por tanto, el titular de la cartera de Finanzas ha prometido que continuará "defendiendo nuestra tasa".
Hungría y Estonia
También se han movido en esta dirección otros países miembros de la Unión Europea. Uno de ellos es Hungría, donde el gobierno de Víctor Orban implantó hace algunos años una tasa del 9% en el Impuesto de Sociedades, logrando un gran éxito desde el minuto cero. En los últimos años, Orban ha demostrado que no le importa ir contracorriente y desmarcarse de la línea que siguen los demás gobiernos europeos, de modo que es de esperar que mantenga una posición beligerante.
Por su parte, Estonia también se ha negado a firmar el acuerdo propuesto por la OCDE a partir de lo negociado por el G-7. El pequeño país báltico aplica una tarifa plana del 20% pero, a diferencia de otros países, no la aplica sobre los beneficios obtenidos, sino que solamente la introduce cuando se procede al reparto de dividendos.
La idea de la OCDE es que las empresas que facturen más de 750 millones de dólares y tengan un margen de beneficio superior al 10% queden sujetas a una reasignación de bases imponibles que impondrá obligaciones en distintos países donde tengan actividad, con el tipo mínimo del 15% como referencia. Si se cumplen los planes de la organización con sede en París, el nuevo marco fiscal puede generar hasta 150.000 millones de dólares de ingresos fiscales adicionales. En España, el golpe esperado es de 1.200 millones, de los cuales un 50% recaerá sobre los salarios de los trabajadores.