Muchos presidentes de comunidades autónomas, como Valencia, especialmente, y Baleares, se empeñan en difundir la idea de que la Comunidad de Madrid es una región insolidaria y que realiza dumping fiscal.
Ya hemos visto que ninguna de las dos afirmaciones son ciertas, pues Madrid es la región que más aporta al Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales (FGSPF), como veíamos hace algunas semanas en un artículo anterior, que es el fondo que, oficiosamente, al no ser finalista el Sistema de Financiación Autonómica (SFA), distribuye recursos para financiar la sanidad, la educación o los servicios sociales.
No es cierta la afirmación de la insolidaridad de Madrid con el resto de regiones porque es de lejos la que más aporta al FGSPF, para, vía solidaridad, hacer posible que las regiones menos prósperas puedan tener una sanidad, educación y servicios sociales dignos, que no podrían sostener si no fuese por la solidaridad de Madrid, ejercida con agrado, a diferencia de lo que suele pasar con los nacionalistas.
Como señalábamos en el citado artículo, Madrid es la que más aporta: sólo en el último año publicado como definitivo, pues la liquidación de 2022 todavía no tiene tal carácter, aunque haya sido comunicada a las CCAA como provisional, Madrid ha aportado al Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales (FGSPF) 4.343,76 millones de euros, frente a los 1.468,30 de Cataluña o los 364,29 millones de Baleares. El resto, de manear neta, recibe fondos.
Es más, sube la aportación de Madrid a la solidaridad mientras baja la de Cataluña y Baleares: así, Madrid pasa de aportar 4.039,31 millones de euros en 2018 a transferir a la solidaridad 4.343,76 millones en 2019 (un 7,54% más), mientras que Cataluña pasa de aportar 1.517,66 millones en 2018 a aportar 1.468,30 millones en 2019 (un 3,25% menos), y Baleares baja también su aportación a la solidaridad, al aportar 390,19 millones de euros en 2018 y 364,29 millones de euros en 2019 (un 6,64% menos).
En cuanto a la acusación de dumping fiscal, se desmiente por sí misma, pues cualquier otra región puede aplicar los mismos tipos impositivos que Madrid, o bajarlos todavía más, pero eligen una vía de gasto ineficiente y no pueden hacerlo, pero por decisión política, no técnica ni normativa, con lo que no existe tal dumping fiscal.
Ahora bien, lo más curioso llega en forma de acusación por parte del Gobierno de la nación a través de la ministra de Hacienda, que acusa a Madrid de insolidaridad. Ya hemos visto de nuevo que Madrid es la más solidaria con las regiones, pero es que la solidaridad de Madrid no acaba ahí. Por su parte, el ministro Escrivá, que ha abandonado para siempre -ya lo venía haciendo desde hace tiempo- su anterior perfil técnico para, con la fe del converso, ponerse a la cabeza de la manifestación populista, que sin rigor técnico alguno, reclama que se acabe con la autonomía tributaria y financiera que las regiones tienen reconocida en la Constitución, en la LOFCA y en la Ley del Sistema de Financiación Autonómica, al apoyar que se estudie la posibilidad de establecer un impuesto adicional exclusivo para los madrileños, bajo la demagogia de que, así, paguen, todavía más, los servicios del resto de España.
Debido a una de las múltiples trampas del sistema, la Comunidad de Madrid deja de recibir cientos de millones de euros al año por el tope que opera en el fondo de competitividad, límite establecido pensando en Madrid en la redacción de la ley, para que la perjudicase sin que ello afectase a Cataluña. Durante años, ha afectado sólo a Madrid y, en algunos ejercicios, mínimamente a Baleares.
Pues bien, esos cientos de millones de euros anuales que le corresponden a Madrid y que deja de recibir por esa trampa del sistema diseñada contra la región madrileña, no aprovechan a ninguna otra región, que es lo único que podría hacer tener algún sentido a dicho tope, sino que se lo queda íntegro la Administración General del Estado, es decir, el Gobierno de la nación. Este montante supone cada año entre 500 millones y 850 millones menos para Madrid de lo que debería recibir de no existir tal tope, y suma la cantidad de 6.400 millones de euros desde inicio de la aplicación del sistema, cantidad que se ha quedado de manera íntegra y completa el Gobierno de la nación. Sólo el último año, Madrid ha aportado 843 millones de euros, de manera que la tendencia es, además, creciente.
Por tanto, Madrid no sólo es solidaria con el resto de CCAA, sino que también lo es con el Gobierno de España, que ha dispuesto de un acumulado de 6.400 millones de euros gracias a la solidaridad ejercida por Madrid debido al límite del fondo de competitividad. Por tanto, ya que el Gobierno de la nación parece que no va a modificar dicho tope para permitir que Madrid disponga cada año de esos fondos que le corresponden y que esa trampa del sistema le hurta, por lo menos que la ministra Montero la distribuya entre el resto de CCAA, ya que corresponden al SFA, en lugar de quedarse esos fondos en una cuenta presupuestaria de la AGE. Así que antes de proponer impuestos exclusivos de dudosa constitucionalidad, de arremeter contra la corresponsabilidad fiscal y de querer cambiar las reglas del juego porque no les gusta el resultado, Puig ya sabe dónde puede reclamar ese dinero sobrante de Madrid que se queda el Gobierno: al Gobierno de Sánchez.