Todos los españoles, unos afectados directamente y otros sólo teóricamente, pues repercuten en terceros el coste, muestran gran preocupación por la escalada de precios de la electricidad. Mi preocupación se agrava al sentirme insultado cuando miembros del Gobierno –no tanto el presidente, que ni está ni se le espera– hablan de ello con la misma lejanía con la que hablarían de un terremoto en un país desconocido. Se diría que el Gobierno nada tiene que ver con nuestro angustioso problema. Dios me libre de un progresista, porque su postureo conseguirá confundir a propios y extraños.
En la factura que cada mes reciben más de diez millones de usuarios se especifica que se trata de un contrato en un mercado regulado (PVPC). Prometo, queridos lectores, que no soy yo quien lo regula.
Hay que ver cómo se sacuden el polvo de lo que hacen. Aun así, creyéndose capaces de alumbrar ideas, en Unidas Podemos proponen crear una compañía eléctrica pública. Ya existió y se privatizó. Aunque sus militantes no pudieron entonces enchufarse en ella.
Por su parte, la ministra Díaz, la del paro, ha tomado el camino más corto proponiendo que el Gobierno fije los precios de la electricidad. Todo menos asumir públicamente su responsabilidad en la regulación. Prueba de su culpabilidad regulatoria es que la vicepresidenta Calviño promete rebajar la factura en un 15% rebajando la imposición. Cicatera medida si pensamos que el aumento, en un año, ha sido del 200%. ¡Viva la sostenibilidad!
La empresa pública de electricidad y la fijación gubernamental del precio para solucionar el caos eléctrico equivale a pretender curar la leucemia aplicando sanguijuelas. ¿Por qué no dejar que funcione el mercado en libertad, sin interferencias? Hablamos de mercado libre y competitivo, nacional e internacionalmente, así como de competencia también entre las diversas fuentes de energía.
El Banco de España –ya sé que al presidente no le gusta la cita, pero es la más solvente– ha vinculado el incremento de los precios eléctricos a las centrales gasistas –por la elevación del precio del gas– y a los derechos de emisión de CO2 –por la hipotética demanda social de un aire más limpio; una demanda que, sorprendentemente, no conoce el precio del bien demandado, incrementado en un 67% en siete meses–.
¿Por qué no se dice cuánto cuesta el aire limpio –derechos de emisión, selección de fuentes, apoyo a los vehículos eléctricos…–? Rebajar el IVA, o incluso suprimir el impuesto de generación, es una engañifa. La minoración de ingresos públicos por estas causas, en una España con déficit excesivo, se compensará necesariamente mediante otros gravámenes o por deuda, que pagarán los ciudadanos.
El mercado nunca habría ido por ese camino; como tampoco habría aceptado un margen de comercialización fijo. Cuando casi la mitad del precio corresponde al llamado coste de la energía, algo está pasando que no nos cuentan. Regular así equivale a politizar la economía.