El Gobierno italiano ha anunciado esta semana una reforma fiscal en la que va a incluir una bajada generalizada de impuestos, mientras Moncloa prepara justo lo contrario. Hasta el Ejecutivo del manirroto Mario Draghi ha asumido que no es posible fiar la recuperación económica sólo al efecto rebote, que va a llevar a Italia a crecer un 5,8% este año. Teniendo en cuenta que el país transalpino se desplomó un 8,8% en 2020, en Roma son conscientes de que no hay mucho que celebrar y de que toca seguir bregando.
El objetivo de Draghi es el crecimiento estructural, concepto que ignora por completo el cortoplacista Gobierno del socialista Pedro Sánchez y sus socios comunistas. Una reducción del IRPF a las rentas medias y medias altas (entre los 28.000 y los 55.000 euros de ingresos), una rebaja de las cotizaciones sociales o una simplificación del IVA son algunas de las medidas con las que el Ejecutivo italiano piensa dar un balón oxigeno a sus agotados contribuyentes. El plan italiano contempla también eliminar los microimpuestos, tributos que aportan al Estado "una recaudación anecdótica pero que convierten la gestión de las finanzas públicas en una de las más complicadas de Europa", según reconoce el propio Gabinete Draghi. Entre ellos se encuentran el impuesto sobre la recogida de setas, el impuesto a los espectáculos y una lista infinita de tributos con los que el Fisco trae de cabeza a los italianos.
En España, el equivalente de los microimpuestos italianos son los impuestos propios de las CCAA. Y la misma semana en que Roma daba esa buena noticia a sus contribuyentes Isabel Díaz Ayuso anunciaba la eliminación de todos los impuestos propios en Madrid, ante los alaridos de la izquierda. La cuestión de fondo no es tanto la cuantía real del ahorro para los madrileños como el compromiso con la erradicación de esas exacciones. Así, Ayuso se ha comprometido a, por ejemplo, no infligir un tributo específico a las grandes superficies, frente a lo que sucede en Cataluña –la región que más impuestos propios se ha sacado de la manga–; ni a asestar a los propietarios de viviendas un impuesto a las casas vacías como el que padecen los valencianos. En definitiva, Ayuso ha hecho una apuesta decidida por la seguridad jurídica, un bien valiosísimo en los tiempos que corren.
Las medidas de Draghi y Ayuso chocan frontalmente con las que defiende el Gobierno social-comunista de Sánchez y los colegas de Pablo Iglesias, estrella emergente en los medios del supremacismo catalán y el filoterrorismo vasco. Además de negarse por activa y por pasiva a rebajar impuestos durante la pandemia, Sánchez no ha dudado pergeñar un aquelarre tributario que podría superar los 80.000 millones de euros.
Eso sí, teniendo en cuenta el estrepitoso fracaso de los datos de recaudación de este año, todo apunta a que el Gobierno podría llegar a destrozar definitivamente la economía aun sin conseguir ingresar lo estimado. Porque a Sánchez y sus incompetentes ministros económicos todavía no le salen las cuentas de 2021. Para cuadrar el Presupuesto y acercarse mínimamente a sus previsiones, Hacienda tendría que recaudar en este segundo semestre un 45% más que en el primero, hito a todas luces imposible. La mendaz teoría de que a mayores impuestos mayor recaudación queda en evidencia una vez más. Las consecuencias de saquear a los ciudadanos siempre son las mismas: paralización de la economía y aumento del paro, lo que no hace más que dañar las arcas del Estado.
Si Sánchez quiere aumentar los ingresos, debería mirar a Italia o a Madrid, la región que más recauda de España. Pero no lo hará, porque sería reconocer su incompetencia colosal.