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Podemos vuelve a intentar liquidar Muface

El 80% de los funcionarios escogen la sanidad privada, en lugar del sistema sanitario público, lo que deja en evidencia la eficiencia de este último.

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El 80% de los funcionarios escogen la sanidad privada, en lugar del sistema sanitario público, lo que deja en evidencia la eficiencia de este último.
Sede de Muface en Madrid. | Cvbr/Wikipedia

Podemos vuelve a la carga contra Muface. El partido fundado por Pablo Iglesias ha presentado una Proposición No de Ley ante el Congreso para acabar con este sistema del que se benefician los funcionarios españoles.

El objetivo de la formación morada es que los nuevos funcionarios del país se rijan por la Seguridad Social en lugar de poder elegir entre la pública y la privada, como hasta ahora. Adeslas o Asisa son algunos de los proveedores entre los que pueden elegir.

Como ya publicó Libre Mercado, el 80% de los funcionarios escogen la sanidad privada a través de los conciertos con las diferentes aseguradoras, en lugar del sistema sanitario público, lo que deja en evidencia la eficiencia de este último.

Indignación en la patronal

Tras conocer el movimiento de Podemos, la patronal de la sanidad privada INDIS ha mostrado su profundo "rechazo a esta propuesta, puesto que sería el inicio del fin de un modelo bien consolidado, y reconocer, una vez más, los beneficios del sistema de mutualismo administrativo en reducción de costes para el sistema, generación de empleo y mejora de la accesibilidad al sistema sanitario".

Desde INDIS señalan que "el mutualismo administrativo, como mecanismo de cobertura del régimen especial de la Seguridad Social de los funcionarios del Estado, en el que los beneficiarios acceden a las prestaciones a través de su mutualidad (MUFACE, MUGEJU e ISFAS), ahorra al sistema público entre 720 y 800 millones de euros al año. Se trata de un dato incontestable extraído del ahorro que se genera por cada mutualista, ya que la prima media es muy inferior al gasto sanitario público per cápita, en concreto 451 euros menos".

También de los funcionarios

El sindicato de funcionarios CSIF tampoco ha tardado en mostrar su rechazo y piden reunirse con Montero. "Desde CSIF lamentamos las presiones de Unidas Podemos" y "reclamamos una reunión a la ministra de Hacienda y Función Pública para aclarar esta situación planteada por sus socios de Gobierno, ante la incertidumbre generada entre el colectivo de funcionarios".

"Esta iniciativa de Podemos se suma a la decisión del Gobierno de traspasar la gestión de Muface a la Seguridad Social, recientemente anulada por el Tribunal Constitucional. El 22 de abril del año pasado, el Gobierno aprovechó este real decreto para traspasar la gestión de Clases Pasivas a la Seguridad Social. Así, modificó de manera unilateral la gestión de las prestaciones y pensiones de los funcionarios, sin debate parlamentario previo y sin haber consultado a las organizaciones sindicales mayoritarias en este colectivo. CSIF inició una interlocución con los diferentes grupos parlamentarios y el propio Gobierno para frenar esta iniciativa", recuerdan.

CSIF solicitó al Ministerio de Seguridad Social una aclaración sobre las consecuencias de dicho traspaso de gestión "y en su contestación generó más dudas. Según nos dijo, si bien se trataba de un cambio en la gestión de las pensiones, las consecuencias de este traslado serían abordadas más adelante", añaden. Esta situación generó una gran incertidumbre en el colectivo de funcionarios. De hecho, el temor de los funcionarios a ver recortados sus derechos de pensión ha provocado una "oleada de jubilaciones anticipadas". Tal y como ha reconocido el propio Gobierno en una respuesta parlamentaria, entre junio y diciembre de 2020 se produjeron 10.387 jubilaciones voluntarias a los 60 años de edad, un 26,2 por ciento más que en el mismo período de 2019.

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