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EDITORIAL

Ocupación e 'inquiocupación': el Gobierno, con los malhechores y contra sus víctimas

El Gobierno se dedica a defender a delincuentes y a amenazar a los propietarios con multas de clamorosa inconstitucionalidad.

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Están cargados de razón los miembros de la Plataforma de Afectados por la Ocupación al llamar la atención sobre el grave coste social y el atentado al derecho de propiedad que conlleva lo que han venido a denominar inquiocupación, es decir, la que protagonizan de facto aquellos inquilinos que dejan de pagar el alquiler pero se niegan a abandonar la vivienda.

Aunque, evidentemente, sea un delito de naturaleza jurídica distinta a la ocupación propiamente dicha –esta es una modalidad de allanamiento; lo otro, una forma de incumplimiento de contrato–, a efectos prácticos la inquiocupación causa un perjuicio similar: en ambos casos, el propietario no puede disponer de su propiedad ni puede alquilarla porque está ilegítimamente ocupada por un allanador o por un moroso.

Ya es grave que el Gobierno social-comunista de Pedro Sánchez –incapaz de promover el abaratamiento legítimo de la vivienda– sea condescendiente con esos dos delitos execrables, hasta el extremo de llegar a presentarlos poco menos que como una solución o un derecho social. Aun así, todavía sería peor que violase el ordenamiento constitucional, que consagra el derecho de propiedad, haciendo suya la delirante propuesta de los chavistas de Podemos de multar con hasta 900.000 euros a los propietarios que osen subir el alquiler.

Evidentemente, el arrendador está obligado –tanto como el arrendatario– a cumplir lo que libremente acordó al firmar un contrato. En este sentido, si mostró su conformidad a percibir una determinada cantidad, no puede modificarla a su antojo. Ahora bien, concluido el periodo de validez del contrato, ambas partes tienen derecho a renegociarlo con cláusulas nuevas, que bien puede implicar una revisión –tanto a la baja como al alza– del precio del alquiler.

El hecho de que un tercero –en este caso, el Estado– imponga este tipo de condicionamientos no sólo constituye una vulneración de la libertad contractual y del derecho de propiedad sino que abona la inseguridad jurídica, lo que puede llevar a no pocos propietarios a no poner en alquiler sus viviendas. Es precisamente la inseguridad jurídica que ya impera en el mercado de la vivienda –especialmente, por la falta de celeridad a la hora de desalojar a los okupas y a los inquilinos morosos–, junto a restricciones institucionales como la falta de liberalización del suelo, lo que encarece el acceso a la vivienda.

En lugar de apostar decididamente por la liberalización en el ámbito de la construcción, la compraventa y el alquiler de viviendas y blindar los derechos de propiedad, el Gobierno se dedica a defender a delincuentes y a amenazar a los propietarios con multas de clamorosa inconstitucionalidad. Así las cosas, no puede ser más acertada la propuesta de Vox para agilizar el desalojo de okupas. Ojalá el PP, que no hizo nada en este terreno durante sus etapas de gobierno, la respalde y, juntos, ambos partidos hagan frente a este nuevo sacudón liberticida del Gobierno social-comunista.

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