La incertidumbre reina en el sector inmobiliario después de que PSOE y Podemos anunciaran su Ley de Vivienda. Promotoras, constructoras o portales de alquileres ya han mostrado su descontento con cada una de las medidas que ambos partidos filtraron a la prensa en la ajetreada mañana de ayer martes.
Y es que, todavía no hay ningún documento formal publicado o un texto sobre el que poder analizar la letra pequeña de una norma que ha conseguido que Podemos dé luz verde a los Presupuestos Generales del Estado de 2022. Entre los exiguos detalles de la ley, se encuentra la obligación de bajar los precios de los arrendamientos a los grandes propietarios en las llamadas "zonas tensionadas" —concepto que determina el Estado—, mientras que los particulares tendrán que congelarlos. Todo ello, supone un paso más del Ejecutivo de Sánchez hacia la expropiación del derecho de un propietario a cobrar lo que considere oportuno por ese bien que está dispuesto a alquilar.
Eso sí, si la Ley de Vivienda Estatal respeta las competencias autonómicas, la norma tendrá un efecto nulo en las regiones que apoyan la libertad de mercado, como Madrid, y no supondría un gran cambio en el resto de regiones intervencionistas, que ya pueden intervenir los alquileres sin necesidad de esa ley, como Cataluña.
Parón de obra nueva
A pesar de estas dudas, los promotores alertan de los efectos perniciosos de una norma que genera "incertidumbre, inseguridad jurídica y hace huir a la inversión", asegura a Libre Mercado el director general de Asprima, Daniel Cuervo. Asprima es la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid y en sus despachos los teléfonos no dejan de sonar por la preocupación de sus asociados ante "unas reglas que cambian a mitad de partido".
Además de asegurar que "el 95% del mercado del alquiler en España está en manos de particulares", Cuervo ha criticado la demonización que hace el Gobierno y la izquierda a los fondos que invierten en el mercado del alquiler de nuestro país. "No hay que olvidar que esos fondos son canalizadores del ahorro de los estadounidenses, los europeos o los españoles, que son los que invierten en ellos, por ejemplo, a través de un fondo de pensiones", recuerda.
Entre las medidas que más amenazan con perjudicar el negocio de los promotores está la obligación de reservar del 30% de la edificabilidad a vivienda protegida, y la mitad de ésta a alquiler social en cualquier construcción. Cuervo considera que imponer a las compañías lo que tienen que vender y a qué precio "paralizará la construcción de obra nueva por falta de rentabilidad y porque a nadie se le va a ocurrir comprar un piso de 500.000 o 400.000 euros en un bloque donde haya vecinos que paguen 150 euros de alquiler social o no paguen nada".
"Estas imposiciones no harán más que sacar a la obra nueva del mercado, contraer la oferta de vivienda en alquiler y subir el precio", vaticina. "Yo estoy a favor de la vivienda social, pero tiene que pagarla el Estado, no nosotros", concluye.
Propietarios "indefensos"
En una línea muy similar ha ido el director de Estudios de Pisos.com, Ferran Font. "En zonas tensionadas, a los grandes tenedores con más de diez inmuebles se les podrá bajar el precio del inmueble teniendo en cuenta un índice de precios. A aquellos que no sean grandes tenedores, es decir, que tengan menos de diez inmuebles, se les van a congelar los precios de alquiler", señala.
Pese a que hay una diferenciación entre grandes y pequeños tenedores, Font destaca que "se trata de una práctica muy poco efectiva en mercados parecidos al nuestro, ya sea en la congelación de precios, como puede ser ejemplo Berlín" y asegura que con estas medidas "los propietarios de inmuebles se van a sentir indefensos".
La definición de "zona tensionada"
Además, el experto cuestiona "qué se va a determinar como zona tensionada, quién va a determinar qué es una zona tensionada y cómo se va a gestionar la definición de qué es una zona tensionada".
También critica que la norma se plantee en este momento, cuando los precios de los alquileres se han ajustado libremente a la baja por la crisis del coronavirus.
Deterioro del parque inmobiliario
Ferran Font añade que, con medidas como estas, se deteriora el parque inmobiliario. "Pueden provocar una menor inversión en el parque de viviendas por parte de los propietarios que van a ver cómo la rentabilidad de la misma, que tenían en alquiler (1 o más de 10), puede verse en entredicho. En este sentido, su interés por mantener o reformar cualquier inmueble posiblemente baje y provoque un envejecimiento del parque de viviendas. Por otro lado, esta situación puede provocar una reducción en el parque de viviendas de alquiler, ya que los pequeños propietarios están menos interesados en un producto que ofrece menos rentabilidad o en un mercado en el que se sienten menos protegidos" subraya.
Crecimiento del mercado negro
Además, en su opinión, la ley de Sánchez amenaza con hacer crecer el mercado negro. "En otros mercados en los que, a pesar de que existieran limitaciones de precios la demanda no paraba de crecer junto con la oferta que se había ido reduciendo, hizo que apareciera una economía sumergida paralela a la limitación de precios" finaliza Font en un comunicado.