Los inquilinos Juan H. y Livia A, pertenecientes al Sindicato de Inquilinos de Barcelona, tendrán que abonar 720 euros a la propietaria Esther Argerich por coacciones.
Cabe recordar que el caso de Argerich ocupó decenas de titulares en la prensa después de una campaña apoyada por Unidas Podemos. Irene Montero sacó su identidad a relucir en un escandaloso vídeo donde pretendía presionarla para que no subiera el alquiler a Juan y Livia. La portavoz adjunta de Podemos en el Congreso, Ione Belarra, y el diputado en el Congreso, Rafael Mayoral, tampoco dudaron en exponer el nombre y apellido de la propietaria en sendos vídeos sin ningún escrúpulo por atentar contra su privacidad.
Al tiempo que en las redes sociales se producía un linchamiento virtual contra esta propietaria barcelonesa, los sindicatos y asociaciones de inquilinos catalanes se dedicaron a realizar actos intimidatorios contra Esther Argerich. Ahora, tres años después, los inquilinos han recibido un fallo judicial en contra por las coacciones que llevaron a cabo contra esta propietaria barcelonesa.
"Imagina tener un piso en propiedad y que después de más de diez años cobrando la misma renta decides subirlo por circunstancias personales. Ahora imagina que, por actualizar el precio de ese alquiler, previo aviso de cuatro meses a los inquilinos y que ha estado congelado desde entonces, empiezas a recibir amenazas por parte de sindicatos, escraches en la puerta de tu trabajo y la violación de tu privacidad en televisión por parte de políticos populistas. Pues ese es mi caso", contaba Esther a Idealista News en 2019.
Aunque la Justicia ha fallado contra el sindicato, no ha cumplido las peticiones de la Fiscalía ni de la propietaria, que pedían hasta un año de cárcel. Sin embargo, la resolución tampoco ha dejado satisfechos a los que llevaron a cabo la campaña en contra de Argerich, que han anunciado que recurrirán el fallo ante la Audiencia de Barcelona.
Lo cierto es que este "sindicato" ya ha sido llevado a la Justicia en otras ocasiones. De hecho, en los últimos meses sus protestas contra las subidas de los precios de los alquileres han terminado en procesos judiciales por las prácticas llevadas a cabo.