Dice el Gobierno que son los Presupuestos "de una transformación justa para avanzar hacia un país más verde, más digital, más cohesionado y más igualitario, afianzando la recuperación económica sin dejar a nadie atrás". Algo más de retórica que otros años sí que hay. Más adjetivos, sobre todo. Pero al final es un poco lo de siempre. Muchas previsiones que ya sabemos que tienden a no cumplirse. Decenas de tablas, datos y gráficos que hacen muy complicado hacerse una idea de lo que está en juego, que es mucho. Y anuncios de partidas de gasto que tienen importancia sobre todo por su impacto publicitario. Porque al final, en un gasto total de cerca de 460.000 millones de euros, un bono de 200 millones no deja de ser una cuestión muy menor: aunque desde un punto de vista político sea más que cuestionable y de 200 millones en 200 millones... se pueden ir engordando las arcas y las redes clientelares.
En una primera aproximación, en Libre Mercado hemos querido destacar diez grandes cifras. Quizás no sean las que más se repitan en estos días, porque no hacen referencia ni a nuevas partidas, ni a promesas sorpresivas aparecidas en los últimos días, ni a organismos que están siempre en el punto de mira (por ejemplo, esas noticias recurrentes sobre los gastos de la Casa del Rey). Pero sí son muy significativas, porque explican bastante por dónde se mueven las líneas generales de los Presupuestos Generales del Estado para 2022. De hecho, casi podría decirse que en realidad explican lo ocurrido en las últimas décadas. La mayoría vienen de muy atrás. Eso las hace menos sorprendentes a corto plazo (más o menos todo esto ya se sabe) pero al mismo tiempo mucho más relevantes para explicar lo que ocurrirá en la próxima década.
- 5,0%: la cifra de déficit prevista para este año (página 46 del Libro Amarillo de los PGE-2022, la referencia que usaremos a lo largo de todo el artículo). Teniendo en cuenta que el PIB previsto es de algo más de 1,3 billones de euros, hablaríamos de unos números rojos cercanos a los 66.000 millones. Por supuesto, será el más alto (o de los más altos) de la Eurozona. Pero nadie parece especialmente preocupado. De hecho, el Gobierno parece muy satisfecho de sí mismo porque la rebaja desde el 8,4% del PIB de este año aparenta ser muy sustancial. En realidad, es simplemente lógico. La pandemia del covid ha provocado una crisis brutal, pero también puntual. Lo normal en 2022 sería volver a lo de 2019. Pues no. España en aquel año estaba en el 2,9% y llegará a 2024, si se cumplen las actuales previsiones, en el 3,2. Cinco años después de la crisis, seguiremos por encima del nivel del Pacto de Estabilidad. ¡¡Y nos parece un motivo de alegría!! Por supuesto, si miramos más atrás veremos que es el camino en la que estamos metidos desde 2008.
- 9,6%: es el incremento en la recaudación por "operaciones corrientes" que figura en los PGE (página 101). Lo más gordo, por supuesto, tiene que ver con los impuestos. Y no porque haya nuevos tributos ni fuertes subidas de los existentes. Algo hay, no nos engañemos, pero en general el Gobierno ha decidido que mientras pague Bruselas no tiene que cargar las tintas con esto. El incremento de la recaudación (10% en impuestos directos y cotizaciones; 12,4% en impuestos indirectos) llegará sobre todo del incremento de la actividad. Sí, esa misma actividad que en los últimos meses se está resintiendo y a la que puede afectar mucho la crisis energética e inflacionaria que cada vez parece más evidente. Consecuencia: si las optimistas previsiones de incremento de los ingresos no se cumplen, el agujero presupuestario será todavía más importante. A su favor, el equipo de María Jesús Montero tiene esa subida en los precios comentada, que debería ayudar a subir la recaudación nominal. En cualquier caso, y como casi siempre, los gobiernos prefieren cuadrar las cifras siendo optimistas con los ingresos a siendo cautos con los gastos.
- 458.970 millones de euros: es el gasto total previsto para el próximo año (página 114). En términos nominales, apenas supone un incremento del 0,6% respecto al Presupuesto de 2021. Y si tenemos en cuenta la inflación, en realidad implica una ligera reducción del gasto. En realidad, era inevitable: se suponía que en 2020-21 hemos tirado la casa por la ventana de la expansión del gasto público para evitar la crisis. Sin entrar en debates filosóficos sobre si se podría haber hecho de otra manera, seguimos por encima de los niveles pre-crisis y todo apunta a que la intención del Gobierno es mantenerse ahí una vez superemos ésta.
- 39.268 millones: es el incremento en el gasto en pensiones contributivas + clases pasivas desde 2015 (página 136). Todos somos conscientes de que la nómina de la Seguridad Social crece cada mes... pero no siempre lo somos de lo que supone o cómo lo hace. En 2015, el gasto en pensiones contributivas + clases pasivas no llegaba a los 129.000 millones; el próximo ejercicio, rozará los 168.000 si se cumplen los cálculos del Gobierno. No es sólo que es la gran partida del Presupuesto que más crece. Es que supone un incremento del 30% en siete años (y han sido ejercicios, salvo el último, de inflación moderada). Y a esto habría que sumarle el resto de prestaciones económicas que también abona la Seguridad Social.
- 68,2%: es el porcentaje del Presupuesto que se destina a las cuatro grandes partidas no disponibles del mismo (página 112; hemos tomado la tabla que no incluye los fondos europeos porque nos parece que la comparación con otros años es más realista de esta manera).
Hace unos meses, escribíamos en Libre Mercado sobre una tendencia que cada vez es más evidente en casi todos los países occidentales: los presupuestos contienen un porcentaje creciente de partidas de gasto que se acumulan de año a año, como una bola de nieve, y de las cuales es casi imposible librarse. En este caso, hablamos de las cuatro líneas más importantes de los PGE-2022: Pensiones 39,7% del total - Desempleo 5,2% - Transferencias a otras administraciones públicas (sobre todo, CCAA y entidades locales) 16,3% - Deuda Pública 7,0%. En total, un 68,2% del gasto de los PGE. Como decimos, son partidas casi intocables. Y no hemos metido sueldos de funcionarios del Estado u otras prestaciones económicas no tan alejadas de las pensiones. La pesada máquina del Estado cada vez tiene una inercia más complicada de detener.
- 49.672 millones: es la cifra de gasto no financiero de los ministerios (página 227). Apunta en la misma línea que lo apuntado en el epígrafe anterior: apenas el 10% del gasto total de los PGE queda en manos de los ministros. Siguen siendo muchos millones que repartir, pero otorga cierta perspectiva. Si quitamos transferencias directas (a familias y a otras instituciones), intereses, dotaciones a organismos públicos, etc... el gasto sobre el que se decide cada año es una parte relativamente pequeña del presupuesto total.
- 41.939 millones: aquí tenemos el total que suman los beneficios fiscales previstos para el próximo año (página 249). ¿Por qué destacamos este dato, que suele pasar desapercibido? Es relevante por dos hechos: el primero es que es un 9,7% más que lo previsto en el Presupuesto de 2021. Pero, además, porque estos beneficios fiscales se supone que están en peligro. La idea del Gobierno es revisarlos y quitar aquellos que no cumplan la función para la que fueron diseñados. Al menos, eso es lo que dicen: no subir los tipos, sino rediseñar los tributos. Luego, a la hora de la verdad, tocar estas figuras es más complicado. De hecho, más de la mitad de estos beneficios llega en el IVA (22.401 millones) y a ver quién es el guapo que elimina los tipos reducidos (10%) e hiperreducido (4%) o las exenciones. La teoría en los manuales de Hacienda Pública es que son ineficientes y generan distorsiones. En la realidad de los PGE, ahí siguen, año a año. También es cierto que lo que nos venden es que el día que se eliminen los beneficios se podrían bajar los tipos generales. Y al final todos nos tememos que se quiten unos, pero sin tocar los otros.
- 1.294.200.000.000 euros: es la deuda del Estado en circulación prevista para finales de 2022 (página 276). Y no, no nos hemos equivocado con los ceros. Son los que son. Porque deberemos, entre todos los españoles a través de nuestro Estado, 1,3 billones de euros. Esto tendrá un coste en intereses de más de 30.000 millones. Es verdad que las condiciones de financiación de los últimos años son excepcionales: por buenas y por el comprador de último recurso que es el BCE. Pero ni seguirán ahí para siempre ni aseguran que la refinanciación anual llegue siempre. Hasta hace unos años, este tema era una preocupación constante. Pero ahora está en un discretísimo segundo plano, aunque son muchos ceros para que desaparezca del todo.
- 1.800 millones de euros: es el beneficio esperado de Loterías del Estado (página 310). Esto es apenas una curiosidad, pero con matices. El Capítulo V del Libro Amarillo está destinado a los "Organismos autónomos y otros entes públicos". Aquí hay de todo, desde entidades que sí consolidan sus cuentas y tienen Presupuestos de carácter limitativo (en teoría, sólo pueden gastar lo que se les haya permitido) hasta otras que "presentan presupuestos de explotación y de capital caracterizados porque sus dotaciones son estimativas" (y que funcionan, en la práctica, como un híbrido entre administración y empresa). Se supone que el Estado busca sacar cierto rendimiento de la mayoría de estas sociedades mercantiles o entidades públicas empresariales. Pero no siempre lo consigue. En realidad, lo que tenemos es (página 311) un resultado esperado de 1.495 millones de euros positivos; pero 1.800 llegan de Loterías. O, lo que es lo mismo, con el resto se espera perder dinero. No todos perderán (Enaire, por ejemplo, anticipa unos beneficios de 259 millones, que habrá que ver si se cumplen). Y estas empresas acumulan deuda (61.106 millones) y aportaciones presupuestarias del Estado (11.622 millones en 2022). En resumen, que el sector empresarial público nos sale por un pico cada año. ¿Justificado? Ésa es otra cuestión. Pero sólo Loterías parece, y esto se repite año tras año, una apuesta segura.
- 36.276 y 6.982 millones de euros: es el dinero que el Estado transferirá a la Seguridad Social en 2022 (páginas 329 y ss). La primera cifra corresponde a las llamadas propiamente "transferencias", corrientes y de capital. La segunda hace referencia a un supuesto préstamo. Y decimos supuesto porque no es real ni que la Seguridad Social lo vaya a devolver ni que el Estado se lo vaya a reclamar. Forma parte de ese juego de trilerismo presupuestario del que hemos hablado en otras ocasiones. ¿Cómo repartir los gastos entre el Estado y la Seguridad Social? Pues sobre esto debatimos mucho, pero no parece que en lo sustancial sea especialmente relevante. Lo que está claro, viendo los PGE-2022, es que la previsión de recaudación por cotizaciones asciende a 136.345 millones. Enfrente, el gasto en transferencias corrientes asciende a 175.166 millones, a lo que hay que sumar gasto de personal, gasto corriente y algunas partidas menores. Quién lo pague es lo de menos. Lo relevante es que ese agujero está ahí y habrá que cubrirlo con otros impuestos o con recortes, no hay otra.