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Las dudas sobre los planes de pensiones de empresa y el superfondo público de Escrivá

El Gobierno quiere impulsar el segundo pilar de las pensiones. ¿Cómo se hará en la práctica? Sobre esto, hay muchos interrogantes.

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El Gobierno quiere impulsar el segundo pilar de las pensiones. ¿Cómo se hará en la práctica? Sobre esto, hay muchos interrogantes.
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, la semana pasada, durante una rueda de prensa. | EFE

Reformar las pensiones no será fácil en ningún caso. Pero en algunos temas debería ser más sencillo que en otros. Por ejemplo, lo que tiene que ver con el segundo pilar, el de los planes de empresa, tan demandado, es la cara amable de la reforma, lo que genera cierto consenso entre Gobierno y oposición (algo de consenso al menos), lo que no molesta a nadie (o casi nadie), lo que no impacta en el Presupuesto (apenas), lo que sólo tiene ganadores (y pocos costes aparentes).

Esta semana, el departamento de José Luis Escrivá ha enviado a los agentes sociales el borrador del anteproyecto de ley para impulsar los fondos de pensiones de empresa. Y el texto se ha filtrado a la prensa. La idea parece clara: impulsar el ahorro pero no a través de los planes individuales (como se ha hecho en España hasta ahora), sino con planes de empresa de promoción pública que se integrarían en una súper-plataforma supervisada por el Estado a través del Ministerio de Seguridad Social. Esto es lo conocido pero, a partir de ahí, surgen las dudas, que son muchas y sobre cuestiones muy importantes.

Antes de empezar con las preguntas, un apunte no menor: los menos entusiastas con la noticia han sido los sindicatos, que han dicho que esta propuesta ni es urgente, ni forma parte del contenido de la reforma propiamente dicha. De hecho, le han recordado al ministro que lo primero es lo del nuevo factor de sostenibilidad y lo que tiene que ver con el primer pilar (el sistema de reparto). Lo demás parece secundario.

- ¿Qué es eso de un súper-fondo público?: lo primero es aclarar términos. No parece que el resultado final vaya a ser un único fondo al que estén adscritos como partícipes todos los trabajadores con planes de empresa.

Más bien, lo que se está denominando como "fondo público" parece que será un paraguas o plataforma que integrará a los verdaderos fondos. Es decir: habrá un organismo que agrupará los fondos que cumplan con los requisitos previstos por la ley y que sean aprobados por una Comisión de Seguimiento.

Luego estarán las gestoras y depositarias, que harían funciones parecidas a las que hacen ahora para los planes privados de pensiones o los fondos de inversión: ofrecer diferentes opciones a las empresas para sus Planes Simplificados.

Y esas "opciones" serán los fondos que invertirán en nombre de sus partícipes (los trabajadores de esas empresas). Se supone que habrá todo tipo de instrumentos de inversión: fondos de renta variable, renta fija, mixtos... Pero sólo se supone: ésta es una de las claves de todo el proyecto y no termina de estar claro qué criterios podrán manejar las gestoras y cómo de libres tendrán las manos en el día a día.

- ¿Y las ventajas respecto a la situación actual?: lo que hace el Gobierno es cambiar los beneficios fiscales asociados hasta ahora a los planes individuales (aunque habían bajado mucho en los últimos años), que ahora tendrán un límite de aportaciones de 1.500 euros, a los colectivos, con un límite de 8.500 euros. Además, los fondos integrados en la plataforma pública tendrán una comisión máxima del 0,5% (0,4% para las gestoras y 0,1% para la entidad depositante).

- ¿Por qué el cambio?: desde hace años se habla de reforzar este "segundo pilar" de las pensiones, el de los planes de empleo. El primer pilar es el sistema público de reparto y el tercero es el ahorro individual.

La idea es que los trabajadores ahorren casi sin darse cuenta, con aportaciones a los planes que se descuentan de sus nóminas y que suelen ser complementadas por aportaciones similares de las empresas. El caso más conocido es el del Reino Unido: allí, todos los que tienen un empleo y un sueldo por encima de un mínimo son inscritos por defecto en un plan de ahorro en el que también participan con aportaciones la empresa y el Estado; el empleado tiene la opción de salirse del plan y recuperar su aportación, pero entonces pierde las otras dos; ese esquema semiobligatorio ha llevado a que la gran mayoría de los empleados británicos estén cubiertos por planes de ahorro.

- ¿Y España seguirá el modelo británico?: habrá que esperar a ver el desarrollo final del proyecto, pero parece que no. Para empezar, porque no todos los trabajadores estarán cubiertos por defecto. Escrivá quiere poner en marcha los llamados "planes de empleo simplificados" a los que tendrán acceso las empresas. Pero esos planes tendrán que desarrollarse en la negociación colectiva con sindicatos, asociaciones de funcionarios, colectivos de autónomos...

Quizás la principal duda del anteproyecto es por qué no se articula un procedimiento para que los trabajadores puedan acceder de forma individual a esa plataforma pública (algo que sería compatible con la opción de que las empresas aporten también una cantidad en nombre de esos trabajadores a cambio de ventajas fiscales). ¿Los que no tengan convenio colectivo se quedarán fuera también de esta herramienta de ahorro? ¿Por qué?

- ¿Y qué pasa con los planes de pensiones que había hasta ahora?: en teoría, los planes de empresa ya existentes podrán integrarse con facilidad en la nueva plataforma pública. Mientras, los planes individuales se quedarán como una opción residual, para los que no tienen acceso a los de empresa y para los fondos que ya estén gestionando en la actualidad.

Tampoco acaba de entenderse que el proyecto no permita integrar los planes individuales y los colectivos: que cada trabajador tenga una única bolsa de ahorro a su nombre en la que cuenten tanto las aportaciones realizadas entre el empleado y la empresa (con las ventajas fiscales que se determinen) y las aportaciones individuales. No debería ser muy complicado legislarlo y simplificaría la vida de ahorradores y gestoras.

- ¿Quién controla todo esto?: lo primero que habría que preguntarse es si es necesario controlarlo más de lo que está. Al fin y al cabo, todos los instrumentos de ahorro colectivo (los fondos-planes y las entidades que los comercializan y gestionan) están ya supervisados. Y muy supervisados. El único requisito extra para ser parte de la plataforma pública podría ser el de esa comisión máxima del 0,5%.

Pero no, el Gobierno prevé un triple nivel de supervisión extra: primero, una Comisión Promotora y de Seguimiento formada por funcionarios que será la que determine si un fondo puede entrar en la plataforma. En segundo lugar, una Comisión de Control, con representantes de los sindicatos, la patronal y el Ministerio, que supervisará la gestión del dinero aportado.

Y, por último, un tercer nivel que no es exactamente de supervisión pero sí que servirá como barrera de entrada para las gestoras más pequeñas: un requisito mínimo de patrimonio gestionado de 1.000 millones de euros, una cifra que expulsará a decenas de entidades independientes. ¿Por qué no admitir a todas las gestoras y fondos que ya operan, con numerosos requisitos y controles, en España?

- ¿Fondos invertidos en qué?: como decíamos antes, en teoría deberían ser fondos no muy diferentes a los que ya están en el mercado. Algunos más agresivos, otros invertidos en activos más conservadores... También es verdad que el texto habla de cuestiones como criterios sociales o transición energética, que pueden hacer que muchos gestores levanten una ceja.

La primera duda es sobre el destino del dinero aportado por trabajadores y empresas: ¿quién decidirá qué fondo en concreto? ¿La empresa, alguna de las comisiones de seguimiento, el trabajador? ¿Habrá una pequeña selección para cada empresa-sector dentro de la que cada trabajador podrá decidir el destino de su fondo individual?

Además, y esto es muy importante, de acuerdo a lo que se ha publicado hasta ahora, la Comisión dependiente del Ministerio de la Seguridad Social definirá el criterio de inversión de los fondos, aunque luego serían las entidades privadas las que gestionarán el día a día. ¿A qué nivel de detalle descenderá esa Comisión ministerial? ¿Habrá opciones para fondos de todo tipo: sectoriales, con diferentes filosofías de inversión, 100% renta variable, 100% invertidos en el extranjero...? Esto es clave porque no es lo mismo una plataforma pública que actúa como paraguas y deja a las entidades privadas hacer su trabajo que una Comisión que quiere controlar al milímetro cómo y en qué invierten los gestores de los fondos. Por no hablar del miedo a que se quieran imponer requisitos mínimos de inversión en algunos activos según las necesidades del Gobierno (¿porcentajes en deuda pública española si los mercados se cierran?).

Y luego, por supuesto, está la gran pregunta: esa plataforma pública y el dinero que permanezca bajo su paraguas, ¿a quién pertenece? ¿Quién tiene la propiedad de esos fondos? ¿Qué salvaguardas ofrece frente a un posible cambio de gobierno o de legislación? Si en el futuro el Estado tiene problemas para financiarse, ¿podría obligar a los fondos a invertir un porcentaje del dinero de los partícipes en deuda pública? La respuesta oficial a estas preguntas será negativa, algo del tipo "Esto nunca ocurrirá y no hay que asustar a los trabajadores con un escenario imposible". Pero si Escrivá mira a izquierda y derecha en el próximo Consejo de Ministros comprobará por sí mismo que de lo imposible a lo probable a veces hay un trecho mucho más corto del que nos imaginamos.

- ¿Y esto quién lo paga?: lo más importante. Lo hemos explicado anteriormente cuando hemos hablado de estos planes de empresa (por ejemplo, aquí). Es muy fácil decir "las empresas aportan, los trabajadores dedican parte de su sueldo y el Estado ayuda con una pequeña bonificación fiscal". Lo complicado es poner cifras a esos verbos. Las empresas "aportan" quiere decir que sube su coste laboral, porque se supone que ese aporte es un extra respecto a sus gastos actuales. Los trabajadores "dedican" parte de su sueldo quiere decir que el neto que les llega al banco es inferior al actual, porque hay una parte de ese neto que se destina al ahorro para la jubilación. Y el Estado "bonifica" esta aportación fiscalmente quiere decir que introducimos un nuevo beneficio tributario que reduce la recaudación.

O, lo que es lo mismo: la teoría es muy bonita, pero la práctica genera más dudas. Con los niveles de productividad-competitividad de las empresas españolas, los sueldos de los empleados, los beneficios al límite o las cuentas públicas en déficit perenne, sacar dinero para los planes de empresa, por muy simplificados que sean, no serán sencillo.

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