El plan de "rescate" europeo, que ha empezado a implementarse en 2021 y concentrará el grueso de sus desembolsos en los ejercicios 2022 y 2023, ha despertado dudas casi desde que fue anunciado. En el corazón de la polémica está el problema de la falta de supervisión con la que el gobierno de Pedro Sánchez aspira a manejar los hasta 140.000 millones movilizados por Bruselas.
La publicación del contrato firmado por el gobierno de España con la Comisión Europea apunta que, en principio, Moncloa tiene previsto desembolsar cerca de 50.000 millones entre 2022 y 2023, a los que se sumarían cerca de 20.000 millones que se arrastrarían a 2024, 2025 y 2026. Se confirma, pues, que la estrategia de Sánchez es emplear solamente los fondos canalizados como subvenciones a fondo perdido, dejando a un lado los otros 70.000 millones que se pueden disponer en concepto de crédito blando.
Pero hay otras incógnitas encima de la mesa que, más allá de lo que suceda a corto plazo, deberían preocupar sobremanera a los contribuyentes españoles. Quizá el asunto más delicado y del que menos se está hablando es el fuerte aumento del gasto estructural que puede quedar asociado a los desembolsos que en teoría han sido anunciados como excepcionales por parte del Ejecutivo.
Según un informe de la AIREF, hay un elevado riesgo de que algunos de los desembolsos más importantes del plan de "rescate" se conviertan en programas permanentes de gasto. Sumando partidas como la de "modernización de las Administraciones" (4.315 millones), el "plan de competencias digitales" (3.593 millones), la "reforma del sistema nacional de ciencia" (3.380 millones) o el "refuerzo de las políticas de inclusión" (2.492 millones), el organismo supervisor encuentra que hay hasta 21.236 millones "pillados" en estos nuevos programas de gasto.
Además, la AIREF ha identificado otros epígrafes en los que se considera que hay un riesgo medio de que los gastos aprobados de manera provisional terminen convirtiéndose en capítulos permanentes de los presupuestos públicos. Es el caso de las "nuevas medidas de impulso a las pymes" (4.894 millones), la "política industrial España 2030" (3.782 millones) o el "plan de modernización y competitividad turística" (3.400 millones). En total, el gasto estructural crecería en 16.043 millones adicionales si estos apartados del plan de "rescate" acabasen convirtiéndose en nuevos presupuestos asimilados. Sumando esta partida a la anterior, hablamos de 37.279 millones de euros.
A continuación se recoge la evaluación completa de la AIREF:
Hay que tener en cuenta, además, que el plan anunciado por el gobierno de España no ha incluido ningún tipo de medida orientada a generar un ahorro estructural en el gasto público. En palabras de la propia AIREF, "las reformas que pueden suponer ahorros no se encuentran detalladas ni cuantificadas".
Por tanto, los planes del gobierno son tan expansivos que no solo se aprovechan los fondos comunitarios para aumentar el gasto estructural en hasta 37.000 millones sino que, además, no se contempla ningún tipo de medida orientada a ganar eficiencia en las estructuras presupuestarias. Un desaguisado fiscal en toda regla.