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Casi 15.000 millones de los fondos europeos dependen de lo que haga el Gobierno con la reforma laboral

El contrato suscrito entre España y la Comisión revela que los PGE inflan los fondos comunitarios previstos para 2021-2022 en casi 15.000 millones.

El contrato suscrito entre España y la Comisión revela que los PGE inflan los fondos comunitarios previstos para 2021-2022 en casi 15.000 millones.
Yolanda Díaz y Nadia Calviño | Cordon Press

Sale a la luz el contrato suscrito por la Comisión Europea con el gobierno de España para recibir los fondos del plan de "rescate" financiado por Bruselas y, con su publicación, emergen cada vez más dudas sobre los planes del Ejecutivo.

Como avanzó Libre Mercado, la AIReF teme que hasta 37.000 de los 70.000 millones que pretende movilizar el Ejecutivo pueden convertirse en gasto estructural, de modo que, lejos de emplear el grueso de los recursos europeos para asumir inversiones puntuales que mejoren la competitividad, Sánchez pretende desarrollar numerosos programas presupuestarios que permanecerían en el tiempo, elevando más aún el déficit público de las Administraciones.

También ha quedado definitivamente claro que Sánchez no quiere saber nada de los préstamos blandos que ofrece Bruselas, puesto que el contrato firmado con la Comisión Europea solo pretende activar la mitad de los fondos disponibles, dejando encima de la mesa otros 70.000 millones que podrían llegar a nuestro país a través de financiación en condiciones ventajosas.

Otra cuestión problemática del contrato pactado entre Madrid y Bruselas radica en el enorme diferencial existente entre las cantidades acordadas con la Comisión y los fondos previstos en los Presupuestos Generales del estado. Según se desprende de la documentación facilitada por el órgano ejecutivo de la UE, el gobierno de Sánchez ha previsto la llegada de muchos más recursos de los que finalmente se van a recibir en 2021 y 2022.

Para ser precisos, en 2021, se suponía que España iba a recibir 27.000 millones… pero la Comisión Europea solo va a desembolsar un máximo de 20.000 millones durante el año en curso. Lo mismo ocurre en 2022, cuando el proyecto de ley de los PGE contempla la percepción de casi 28.000 millones del fondo de "rescate", frente a los 20.000 millones que figuran en el contrato. Hay, pues, una brecha cercana a los 15.000 millones.

Además, ha trascendido que el pago del principal pago del fondo de "rescate", previsto para el primer semestre de 2022 y valorado en casi 14.000 millones de euros, está condicionado a la aprobación de una nueva reforma laboral que cuente con el visto bueno de los técnicos de la Comisión Europea. En este sentido, la CEOE está intensificando sus contactos con Bruselas y ya ha dejado claro que no facilitará el acuerdo si los cambios introducidos en el mercado de trabajo repliegan el grueso de la reforma laboral de 2012.

De igual modo, otro tramo de 10.000 millones está vinculado a un ajuste del sistema de pensiones consistente en alargar el periodo de cómputo de las mismas. Como explicó Libre Mercado, el nuevo periodo de referencia serán 35 años de historia laboral, lo que en la práctica recortará los derechos de la mayoría de los nuevos jubilados.

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