Hace unos días salió a la luz uno de los casos de okupación que más polémica mediática están generando, así como indignación social. Se trata de la propietaria madrileña que alquiló un piso a una pareja, que actualmente se encuentran en prisión y no viven en el domicilio, y no puede entrar a su casa para arreglar los destrozos o arreglar la propia puerta de acceso a la vivienda. Además de dejar de pagar la renta durante 13 meses, los inquilinos acumularon varias deudas de suministros.
"El juzgado de primera instancia de Madrid no me deja acceder todavía a mi casa", denunciaba la propietaria en Telemadrid. Unos días después de que estos okupas ingresaran en prisión, otra persona asaltó la casa de Eva y de su madre dejando la puerta completamente destrozada. Como s lógico, las dueñas pretendían arreglarla para evitar que nuevos okupas entraran a su casa, pero la Justicia se lo impide.
Como el caso es tan escandaloso, Eva ha acudido a otras televisiones para buscar ayuda, pero no en todas las cadenas ha sido bien recibida esta víctima. Por ejemplo, el trato que recibió ayer lunes de Antena 3 fue bastante reprochable, ya que Eva fue duramente cuestionada por una letrada. En mitad del directo con Eva, la abogada Beatriz de Vicente dudó de su testimonio porque no se cree que la Justicia fuera a condenarla por cambiar la puerta, como si la propietaria estuviera exagerando. Eva tuvo que defenderse explicando que, si hace eso, legalmente, estaría cometiendo delito de allanamiento de morada y delito de coacción inmobiliaria.
Hoy Twitter y Facebook están que arden con una señora valiente (Eva) que ha dicho bien claro en Espejo Público la situación que tenemos con los inquiocupas, todos la apoyan, y yo más al reconocer que está llena de razón y habla claro:#leyantiocupas pic.twitter.com/DuLFB0HGle
— Javier (@profesorgeohis) December 27, 2021
"No me escuchas. No me lo creo que hubiera un juzgado que la condenara por poner la puerta", comentaba de Vicente. A lo que Eva responde que su madre, la propietaria del piso, está condenada porque decidió cortarles la luz a los okupas cuando dejaron de pagarla y la compañía le reclamaba gastos de más de 800 euros mensuales. "Mi madre con 79 años, máquina de oxígeno y pensionista fue condenada por delito de coacción al cortarles los suministros por impago de hasta 8 meses y ahora tengo que pagar todos los meses 425 euros hasta llegar a los 14.500 euros, que es la condena impuesta", contó Eva con lágrimas en los ojos.
Por tanto, Eva explica que no se atreve a cambiar la puerta si no es con una autorización judicial por temor a ser condenada, de nuevo, por delitos de coacciones o de allanamiento. "En este país lo de yo cambio las cerraduras o yo corto la luz, en este país de mierda no se puede hacer. "¡Venga usted y cambia la puerta!", espetó a la letrada