Han pasado dos años desde el inicio de la pandemia del coronavirus y muchas economías de nuestro entorno han normalizado ya sus niveles de actividad económica. Esto no significa que la nueva normalidad sea un calco de la vieja, puesto que seguimos lidiando con restricciones sanitarias que, en no pocos casos, pecan de excesivas, ineficientes o arbitrarias. Sin embargo, en lo que a la economía se refiere, el curso 2022 habrá servido para que la mayoría de los países miembros de la OCDE y la UE recuperen los niveles de crecimiento observados a finales de 2019.
Precisamente por este motivo, el plan de rescate acordado en 2020 por los socios de la Unión Europea se confirma cada vez más como un error histórico que solo contribuirá a aumentar el endeudamiento público, reducir la libertad de mercado y apuntalar el clientelismo. No es de extrañar que el Gobierno de Pedro Sánchez haya recibido los fondos comunitarios con entusiasmo: se trata del salvavidas perfecto para enmascarar durante largo tiempo el tremendo daño que está causando el social-comunismo a la economía nacional.
Esta semana hemos conocido un demoledor informe de la CEOE sobre el escandaloso manejo de los fondos europeos. Así, se ha tramitado menos de la mitad del dinero recibido entre enero y septiembre, y solo el 15% de los gastos se ha descentralizado. Peor aún: las empresas han recibido una ínfima parte de los fondos desembolsados: apenas un 2%.
Peor aún: las informaciones que está publicando Libre Mercado sobre los proyectos financiados con cargo a los fondos europeos introducen un componente más de indignación e incertidumbre. Sabemos que el Ejecutivo dedicará 700 millones a programas de empleo con criterio de género, 160 millones a contratar más empleados públicos, 60 millones a proteger a los pájaros de los tendidos eléctricos, 25 millones a crear nuevas duplicidades administrativas, 4 millones a una campaña de propaganda… De modo que no solo se licita tarde y mal, dejando al sector privado totalmente marginado, sino que además se está empleando el dinero europeo para financiar proyectos que poco o nada contribuyen al crecimiento del sector productivo.
La cruda realidad es que, según el último estudio de la consultora Informa D&B, España cerró 2021 con la destrucción de casi 28.000 empresas, lo que supone regresar a cifras propias del año 2013. No solo eso: en 2021 hubo casi 5.900 mercantiles que se declararon en quiebra, lo que supone un repunte interanual de casi el 35%. En cuanto al mercado de trabajo, España tiene hoy 3,3 millones de demandantes de empleo sin ocupación y los datos muestran que el grueso del empleo creado el último año se explica por el aumento de las plantillas de las Administraciones Públicas, que suman hasta 245.000 efectivos más. Si hablamos de crecimiento, lEspaña sigue un 6% por debajo de los niveles de actividad de 2019, y los expertos creen que no habremos superado la pérdida de PIB asociada a la pandemia hasta bien entrado 2023. Y de la inflación mejor ni hablar, puesto que está en los niveles más altos de los treinta últimos años y su tendencia al alza es de lo más preocupante.
Si a ese sombrío panorama le sumamos el uso partidista y frívolo de los fondos europeos, la situación se torna dantesca y confirma que España se ha adentrado en un camino muy peligroso.