El día 28 de febrero es la fecha límite para que lo que queda del comité de expertos del Gobierno entregue su propuesta de reforma fiscal. El tiempo se agota tras las dimisiones de varios de los catedráticos que iban a asesorar al Ejecutivo. Ni Ignacio Zubiri, ni Carlos Monasterio firmarán el documento ya que han renunciado a su puesto. Ambos estaban en contra de armonizar los impuestos entre las CCAA.
En Hacienda defienden que el informe servirá para "ver si los expertos nos proponen estímulos y se combate la desigualdad". Fuentes del ministerio reconocen que "tienen menos capacidad recaudatoria" de la deseada y se fijan en otros países con mayor presión fiscal. Aun así, circunscriben el informe de expertos a un mero "asesoramiento" que sufrirá cambios "para acordar y pactar" con otras fuerzas como ERC que ha pedido armonizar impuestos para acabar con la autonomía fiscal de Madrid.
En el Gobierno se inclinan por subir el impuesto de Sociedades y crear tipos mínimos en tasas transferidas a las comunidades autónomas como en Patrimonio o Sucesiones, que en Madrid está bonificado. Tanto Podemos como la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, o el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, han utilizado de manera reiterada la palabra "dumping fiscal" para hablar de política impositiva de la Comunidad de Madrid, llegando incluso a firmar un preacuerdo con el Ejecutivo.
El voto de los separatistas será clave y en el Gobierno descartan que la convalidación parlamentaria pueda salir adelante con el voto de otros partidos, como es el caso de Ciudadanos que es la carta que el Ejecutivo baraja para la Reforma Laboral. El aumento de la presión fiscal no sería del gusto de ningún partido de centro-derecha así que el Gobierno se apoyará en la mayoría Frankenstein y aquí ERC vuelve a ser clave.
Un informe conflictivo
En Hacienda defienden que el Libro Blanco que presentarán los expertos es "autónomo e independiente" pero la dimisión de Carlos Monasterio, catedrático de la Universidad de Oviedo, e Ignacio Zubiri, catedrático de la Universidad del País Vasco, ha permitido que gane influencia el presidente del comité, Jesús Ruiz Huerta, catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos y director del Laboratorio del think thank socialista Fundación Alternativas.
Además, María Jesús Montero tiene una excelente relación con el secretario del comité, Alain Cuenca, presidente del Instituto de Estudios Fiscales, un organismo dependiente de Hacienda.
A la dimisión de Monasterio y Zubiri se ha sumado el de Inés Barbón, secretaria de Estado de Hacienda. Sin embargo, en el Gobierno guardan silencio y rehúsan comentar estos cambios. "El Gobierno lo que defiende es un modelo de cohesión social y territorial", decía la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, hace una semana en la rueda de prensa posterior al Consejo de ministros. La ministra prometía que la reforma se hará "se hará desde la serenidad, el rigor técnico y jurídico". Un rigor que, digan lo que digan los expertos, podría saltar por los aires en la negociación parlamentaria.