La victoria de la Comunidad de Madrid frente a Hacienda por el IVA está a punto de materializarse. La región de Isabel Díaz Ayuso ha aprobado este miércoles aceptar la exigencia del Gobierno de Pedro Sánchez a las comunidades autónomas (CCAA) a cambio de devolverles la liquidación del IVA del mes de diciembre de 2017. Esta cantidad está pendiente de pago desde 2019 y asciende a más de 400 millones de euros para la Comunidad de Madrid.
Con este acuerdo, el Ejecutivo obliga a las regiones a aceptar el pago del IVA, pero comprometiéndose a no emprender "nuevas" acciones judiciales contra el Estado. El Gobierno acepta también abonarles los intereses de demora, "aunque no sabemos a cuánto ascienden", señalan fuentes autonómicas.
Como ya publicó Libre Mercado, en el año 2017 (con el PP) hubo un cambio contable en la recaudación del IVA a través del llamado Suministro Inmediato de Información (SII), que es el sistema electrónico de gestión del IVA de la Agencia Tributaria, y entonces, sólo se contabilizaron 11 meses de IVA. Esto generó un impago de un mes de IVA en 2019, porque los ejercicios se liquidan a los dos años.
Hacienda, acorralada
María Jesús Montero se negó en redondo a reembolsar las cantidades del IVA a las CCAA. En 2020, la socialista argumentaba que "el sistema tiene dos años de reparación, y por tanto, al no tener proyecto de Presupuestos y rechazar las fuerzas parlamentarias (los Presupuestos del PSOE), decayó la medida", intentaba zanjar. Las regiones del PP no dudaron en denunciar la "burla" y hasta el "robo" de la ministra de Hacienda. Entonces, se estimaba el total del dinero adeudado a las CCAA en 2.500 millones de euros, pero resultó ser mayor: 3.100 millones.
La Comunidad de Madrid ha liderado la reclamación de este ingreso desde el principio. Primero, optaron por exigir por carta la devolución, pero al no fructificar la vía de la misiva decidieron presentar un recurso en la Audiencia Nacional exigiendo el pago.
Andalucía, Galicia, Cantabria... a Madrid le siguieron otras autonomías en acudir a la Justicia para reclamar el dinero que les debía el Estado. La primera en obtener una sentencia judicial favorable del Supremo el año pasado fue Castilla y León: el Alto Tribunal obligaba al Estado a devolverle lo que era suyo.
Acorralada judicialmente, el pasado mes de julio, María Jesús Montero aceptó pagar voluntariamente los más de 3.000 millones de euros del IVA a todas las regiones. El abono tendrá lugar en 2022, eso sí, siempre que acepten firmar esta especie de paz judicial.
Andalucía, la Comunidad Valenciana, Cantabria y Asturias ya han comunicado que aceptan las condiciones del Gobierno. "Vale más pájaro en mano que cien volando" ha dicho Revilla.