El PSOE ha vuelto a dejar plantada a la Plataforma de Afectados por la Ocupación que, sin embargo, este jueves ha sido recibida en el Congreso tanto por el Partido Popular como por Ciudadanos. "Llevamos semanas hablado con ellos por teléfono. Este mismo lunes hablé con el asesor de Eva Bravo, la portavoz del PSOE en la Comisión de Vivienda, y sabía perfectamente que íbamos a venir y que queríamos reunirnos con ellos, pero ni siquiera había nadie para recibirnos", lamenta Ricardo Bravo, presidente de la plataforma.
El plantón les duele especialmente por cuanto el grupo socialista fue el que el pasado mes de setiembre aseguró que el aumento de la okupación era "un bulo" y que lo único que se buscaba con este asunto era "generar alarma social". Cuatro meses después, Bravo denuncia su falta de interés por la realidad: "Nos han ignorado completamente".
El aumento de la inquiokupación
Según defienden, en los últimos años se ha producido un aumento exponencial de la okupación como consecuencia de la pandemia, y muy particularmente del fenómeno ya conocido como inquiokupación: aquella protagonizada por inquilinos que, pasado un tiempo, dejar de pagar y tardan años en abandonar la vivienda. Precisamente por eso, miles de familias han decidido reunirse en esta plataforma, que lo que busca es la aprobación de una ley antiokupas que ponga en el foco en los propietarios, "las verdaderas víctimas" de esta lacra.
A pesar de la falta de interés del Gobierno por este asunto, Ricardo Bravo asegura a Libertad Digital que no piensan tirar la toalla. A la espera de conseguir una reunión con el PSOE -algo que seguirán intentando en los próximos días- han dejado en el despacho de Eva Bravo varios carteles. "No somos alarma social", reza uno de ellos, mientras que en otro se puede leer un breve resumen de la situación actual y de las principales consecuencias de la okupación tanto para los propietarios como para el resto de los vecinos del inmueble okupado.
El drama de los afectados
"Si te ocupan la casa, la policía no puede hacer nada. Has de contratar abogado y procurador (mínimo 2.000 euros). Cada recurso que hagan, son 400 euros cada uno. Si intentas entrar, te denuncian. Tendrás que pagar tú agua y luz (no se las puedes cortar). Te arriesgas al destrozo de tu inmueble y robo de tus cosas. El proceso judicial (media de más de nueve meses) te producirá estrés y ansiedad. Cuando recuperes tu inmueble, puede haber destrozos malintencionados", se puede leer en el documento remitido al PSOE.
Las historias que Libertad Digital ha ido recopilando en los últimos meses dan buena cuenta de ello. Sin embargo, tanto el PSOE como el resto de grupos de izquierdas prefieren cerrar los ojos ante esta realidad, cuando no justificarla. "Con el resto ya ni lo intentamos", asegura el presidente de la Plataforma de Afectados por la Ocupación, que reconoce que los partidos de centro-derecha son los únicos que les han escuchado hasta ahora.
Las medidas que reclaman
Vox llegó a presentar en el Congreso una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que la Policía pudiera desalojar a los okupas antes del trámite judicial. Este jueves, PP y Ciudadanos se han comprometido a estudiar sus propuestas. La primera y fundamental es que las leyes no sólo pongan atención a las causas de la okupación, sino que empiecen a hablar de los afectados: "Necesitamos medidas de compensación y de apoyo, poder recuperar nuestras casas, no tener pufos de miles de euros por suministros, abogados… No estar en las listas de morosos, poder acceder a la justicia gratuita o al turno de oficio…". La lista es larga.
Además, se quejan de que, cuando los partidos hablan de este asunto, casi nunca lo hacen sus grandes líderes, por lo que el mensaje no cala de la misma manera. En este sentido, tanto Ana Zurita como Juan Ignacio López-Bas se han comprometido a trasladar todo lo hablado a Pablo Casado e Inés Arrimadas respectivamente, por lo que Bravo confía en que tanto PP como Ciudadanos les hagan algún guiño en la campaña electoral de Castilla y León.
Por otro lado, Bravo ha celebrado que la diputada del Partido Popular haya acudido a la reunión acompañada por Paloma Tejero, portavoz de Vivienda en la Asamblea de Madrid, lo que demuestra el interés del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso por este asunto.