Tal y como era previsible, el Gobierno ha hecho oídos sordos al dictamen que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) emitió hace dos semanas contra la aberrante Ley de Derecho a la Vivienda y ha aprobado el proyecto legislativo, sin cambio de calado alguno, en el Consejo de Ministros de este martes. Los social-comunistas de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz afirmaron que sacarían adelante su texto "dijera lo que dijera" el máximo órgano de gobierno de los jueces y eso eso que han hecho, dejando por enésima vez en evidencia que su objetivo no es cumplir sino burlar la Constitución. Es más, la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, la comunista Ione Belarra, ha justificado el desprecio del Gobierno al CGPJ no ya aludiendo a que su dictamen era "preceptivo pero no vinculante", sino a que "los avances sociales siempre han tenido en contra a los poderes abiertamente reaccionarios".
El CGPJ se limitó a advertir de la más que dudosa compatibilidad de ese bodrio jurídico con la Constitución, no ya por arrogarse competencias autonómicas sino porque vulnera un derecho fundamental como el que protege la propiedad privada. Y, ciertamente, este atropello legislativo, que fija coactivamente el precio de los alquileres bajo la tóxica excusa de una mayor accesibilidad a la vivienda, atenta contra el derecho de propiedad y contra la libertad contractual de arrendadores y arrendatarios, y para colmo resulta enormemente contraproducente para los fines que dice perseguir. Así lo han vuelto a denunciar este martes numerosas asociaciones del sector inmobiliario, que alertan de que "supondrá una reducción de la oferta disponible en el mercado del alquiler y limitará la inversión para mejorar el parque inmobiliario residencial actual".
Ante este panorama, la oposición no debe perder un minuto a la hora de cumplir con su compromiso de recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) este despropósito liberticida, propio de repúblicas bananeras. A ello se comprometieron el Gobierno popular de Andalucía y el propio líder del PP, Pablo Casado.
Toca confiar en que el anterior incumplimiento del principal partido de la oposición de su compromiso de no volver a consensuar con el PSOE la designación política de los miembros del TC no lleve a los magistrados del mismo a comulgar con ruedas de molino en su futura sentencia respecto a este proyecto de ley clamorosamente inconstitucional. Y es que, en el indeseable caso de que el TC aceptase la constitucionalidad de este bodrio, el PP puede que se lo tuviera merecido, pero sería absolutamente nefasto para el orden constitucional, la libertad, el derecho de propiedad de los españoles y el acceso a la vivienda de quienes más lo necesitan.