Bajo el hastag #AdoptaaMiOcupa, la Plataforma de Afectados por la Ocupación ha puesto en marcha una provocadora campaña con la que pretende poner de manifiesto la hipocresía de la izquierda con este asunto. "¿Eres de los que piensa que todos los okupas son vulnerables? ¿Crees que la okupación es un derecho? ¿Estás seguro/a de que tras la okupación hay una campaña orquestada por las compañías de alarmas? Si es así, y te consideras una persona solidaria, los okupas te necesitan -reza el documento promovido por las víctimas de esta lacra-. Tenemos un gran stock y prevemos un gran abastecimiento en las próximas semanas y meses".
El anuncio, que ya circula por redes sociales, se dirige fundamentalmente a los políticos, a quienes invita a elegir "entre una gran variedad de falsos vulnerables, okupas de patada, okupas vecinales, de chalet, inquiokupas, cuidadoras de okupas y familias numerosas con padres con negocios ilícitos". Tirando de ironía, sus promotores incluso ofertan un 3x2 y prometen actuar con rapidez: "Firma ya el contrato de adoptante y recibirás tu okupa en una semana".
El simbólico contrato consta de cinco cláusulas en las que el firmante se compromete a afrontar todos los gastos que, a día de hoy, se ven obligados a asumir todos aquellos a los que les han okupado su vivienda, entre ellos, "pagar sus suministros, los impuestos de la casa y la cuota de derrama o piscina si existiese". En caso de reclamación, instan a dirigirse a La Moncloa.
Contra el Gobierno de coalición
La campaña surge precisamente del enfado con la coalición de Gobierno, ya que, el pasado mes de septiembre, el PSOE llegó a ridiculizar el problema en el Congreso y a nadie se le escapa la férrea defensa que Podemos siempre ha hecho de los okupas. "Las víctimas de la okupación no pueden seguir siendo el escudo social del Gobierno, y donan a sus okupas o inquiokupas a quienes consideran que la okupación es un "bulo" y una "alarma social" infundada, o a quienes "creen que la okupación es un derecho", reza el comunicado hecho público por las víctimas, en el que incluso facilitan una simbólica hoja de adopción que cualquier interesado puede rellenar.
Sus promotores explican que esto no es más que "un intento de desesperación y petición de auxilio, para que definitivamente se tomen las medidas políticas necesarias para que reviertan el daño y compensen los agravios y perjuicios" que tienen que soportar las víctimas de la okupación, ante la falta de leyes que les protejan.
A qué tiene miedo el PSOE
La semana pasada, sus máximos representantes trataron de reunirse en el Congreso con los principales grupos políticos. Sin embargo, tal y como publicó Libre Mercado, el PSOE les dejó plantados. Según lamenta la plataforma, el único encuentro que han conseguido mantener con los socialistas se remonta a mayo de 2021. Por aquel entonces, su portavoz de Vivienda, la diputada Eva Bravo, reconoció "la necesidad de tomar medidas inmediatas para, al menos, evitar que recaigan los gastos de los suministros sobre las víctimas", pero "ocho meses después, siguen sin aprobar ni discutir una sola medida".
A su juicio, todo se debe a que "la inclusión de la okupación en leyes tan relevantes como la Ley de la Vivienda podría haber hecho tambalear el pacto de gobierno entre PSOE y Unidas Podemos". De ahí que los socialistas hayan preferido "sacrificar los derechos de las víctimas que la sufren con el fin de aprobarla y poder mantener el pacto".
Un fenómeno que va en aumento
A pesar de que el Ejecutivo ha convertido este asunto en un tema tabú, las víctimas recuerdan que, según datos del Ministerio del Interior, la okupación se incrementó un 18,5% en los primeros nueve meses de 2021, en comparación con los datos del año anterior. "Y todo esto sin contar con las inquiokupaciones, de las que no hay ni registro", apunta Ricardo Bravo en conversación con LM.
El presidente de la Plataforma de Afectados por la Ocupación denuncia que "tres de cada cuatro nuevos socios sufren inquiokupación", por lo que no entiende cómo es posible que no se esté contemplando este fenómeno: "Según la ley, son inquilinos morosos, pero actúan igual que okupas".
Las trágicas consecuencias
Hablemos de una u otra modalidad, las víctimas buscan hacer visible el calvario al que se ven sometidas, ya que "no solo tienen que ver usurpada o allanada su casa, sino que, además, por ley, deben pagar los suministros de quienes han cometido un delito contra su propiedad" y asumir los gastos de abogado y procurador que, según estiman, oscilan "entre 3.000 y 7.000 euros por proceso".
A su vez, tal y como denuncian desde la plataforma, "este agravio genera en las víctimas un profundo sentimiento de descrédito del estado de derecho actual, lo que aumenta el sentimiento de desamparo que, en muchos casos, deriva en graves problemas psicológicos (fundamentalmente, ansiedad y depresión)". No en vano, son muchos los casos que LD ha ido recogiendo en los últimos meses en los que sus protagonistas han llegado incluso a intentar quitarse la vida.
Por otro lado, y junto a los políticos, los promotores de la campaña pretenden sensibilizar a toda la población, ya que nadie está exento de sufrir las consecuencias de esta lacra. En muchos casos, advierten, los vecinos "se ven abocados a vivir entre mafias que sacan rédito económico de la venta de las llaves de pisos que okupan" y ven "gravemente alterada su convivencia pacífica", pero, además, "deben afrontar los gastos de comunidad de los okupas, que incluyen muchas veces el agua que consumen".