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Los cazadores luchan contra la reforma que les convertirá en maltratadores: "Sería el fin"

La Real Federación Española de Caza denuncia que la reforma Código Penal del Ministerio de Ione Belarra "pretende acabar con la actividad cinegética".

La Real Federación Española de Caza denuncia que la reforma Código Penal del Ministerio de Ione Belarra "pretende acabar con la actividad cinegética".
Cazador. | Pixabay

La caza podría tener los días contados si finalmente entra en vigor la reforma de la Legislación Penal en materia de maltrato animal, según ha denunciado la Real Federación Española de Caza (RFEC). Aseguran que la reforma, impulsada por Unidas Podemos a través del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, podría acabar con la actividad cinegética "si se extiende la tipificación de maltrato animal a todas las especies silvestres".

El presidente de la RFEC, Manuel Gallardo, ha asegurado a Libertad Digital que el foco está en dos modificaciones: el aumento de las penas de prisión hasta los 2,5 años por cualquier tipo de maltrato hacia un animal vertebrado: "Todavía no conocemos el contenido literal de la modificación, pero si se amplían las penas por maltrato a cualquier animal vertebrado y no se deja a la caza fuera de esta situación, este sería un paso más en el intento de que se considere que la caza es maltrato".

Para Gallardo, esta reforma es "una estrategia más para conseguir el anhelado éxito que persigue el lobby animalista, que es terminar con la caza". Por ello, la RFEC entiende que "todos los animales silvestres o salvajes vertebrados deben quedar fuera de esta reforma, así como todas las especies que son objeto de la caza y de la pesca".

El ministerio de Ione Belarra lo desmiente

"Ya hubo en 2019 otro intento por parte de Podemos para reformar el código penal en lo referente a los delitos de maltrato animal. Alegan que hay una alarma social y un grave problema de maltrato animal en España, algo que obviamente no es cierto", señala Gallardo. "Hace tiempo le mandé una carta a la ministra Ione Belarra solicitándole una reunión, pero no tuvo a bien recibirnos a pesar de que representamos a 350.000 personas, la tercera federación deportiva más grande de España, con más afiliados que el PSOE y el PP juntos", destaca Gallardo.

Fuentes del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 han señalado a Libertad Digital que la reforma que preocupa a los cazadores "no afecta a la actividad cinegética, al igual que no afecta a la actividad de un matadero".

Explican que "ahora mismo en la legislación únicamente se habla de animales domésticos, por lo que si alguien mata a pedradas a una vaca lechera, se aplicaría el código 337 del Código Penal. Pero esto no sucedería si se mata a un jabalí salvaje". Por ese motivo, señalan, "ampliando a ‘animales vertebrados’ se protege a más animales de este tipo de actos crueles, que evidentemente no tienen que ver con la caza regulada".

Sin embargo, para el presidente de la RFEC, "habría que analizar en qué situación de alarma nos encontramos como para justificar la modificación de una ley orgánica", porque en el fondo "parece obvio que es un paso más para intentar criminalizar la caza y equipararla con el maltrato, lo que sería el fin de la actividad cinegética , el gran éxito que persigue el lobby anticaza".

Empleos, ecología... consecuencias de prohibir la caza

Según cifras de un estudio realizado hace dos años por la RFEC, la caza genera en torno a 6.500 millones de euros anuales y 200.000 empleos directos. El servicio de conservación de la biodiversidad y los ecosistemas supone unos 400 millones de euros aportados por el colectivo cinegético y que, de eliminarse la caza, tendría que sufragarse con dinero público.

"La caza ahora mismo es un sector estratégico en el desarrollo del mundo rural, además de ser una herramienta social, cultural, económica y medioambiental fundamental para este país", señala Gallardo. "Con la sobreabundancia poblacional de algunas especies, es imprescindible para el equilibrio de la biodiversidad, supone una herramienta necesaria para la agricultura y la ganadería e incluso para evitar un aumento de los accidentes de tráfico por colisiones con animales", argumenta.

Para Gallardo, además de la pérdida de empleo, prohibir la caza supondría un sobrecoste de 400 millones de euros para las arcas públicas "solo porque a alguien se le ocurrió la genial idea de que, como no le gusta la caza, hay que eliminarla. Quieren imponer su ideología animalista y hurtar el derecho a una parte importante de la ciudadanía de este país a decidir cómo queremos relacionarnos con la naturaleza".

Se ha "criminalizado a los seres humanos"

Pero según el presidente de la Real Federación Española de Caza, en el fondo de toda esta cuestión subyace otro debate mucho más profundo, que es el cambio de modelo social que "quiere equiparar a los animales con las personas o incluso ponerlos por encima. Y una sociedad que quiere más a los animales que a sus congéneres, es una sociedad enferma posiblemente destinada a la extinción".

Para Gallardo este es el resultado de haber "criminalizado" a los seres humanos y de haberles hecho responsables de "todos los males de este planeta" como la extinción de especies o la desertización, lo que ha generado un "sentimiento contra nuestra propia especie".

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