La presión fiscal es un indicador de uso común que relaciona la recaudación tributaria obtenida con el tamaño total de la economía. En el caso de España, recurrir a este indicador puede resultar engañoso, puesto que es preciso ajustar los datos para tener en cuenta que nuestros niveles de paro y economía sumergida son muy superiores al promedio de la UE y la OCDE.
¿Qué indicadores alternativos podemos usar? En 1964, Richard Bird introdujo el concepto de "sacrificio" o "esfuerzo fiscal", con el que se pondera la presión fiscales términos relativos de PIB per cápita. De esta forma, podemos entender mejor qué países o regiones presentan una fiscalidad más o menos onerosa en relación con la capacidad económica de sus contribuyentes.
Henry J. Frank fue el primer economista que introdujo esta variable, con la publicación de un estudio pionero que vio la luz en 1959. Unos años después, en 1964, Richard Bird planteó un ejercicio similar, dando pie a lo que ahora se conoce como Índice Bird de Sacrificio Fiscal. Pues bien esta metodología ha sido empleada por tres economistas españoles para medir el peso de los impuestos autonómicos sobre el bolsillo de los contribuyentes de cada región.
Los autores del ejercicio son el Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid, José Félix Sanz, el Profesor Titular de Economía Aplicada de la Universidad de Oviedo, Santiago Álvarez García, y el Profesor Titular de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos, Desiderio Romero Jordán. Sus cálculos han sido incluidos en el Libro Blanco para la Reforma Fiscal que el Instituto de Estudios Económicos publicó recientemente.
Los resultados presentados se corresponden con el año 2018. Para dicho ejercicio, Andalucía fue el territorio con peor desempeño, situando su resultado en el Índice Bird de Sacrificio Fiscal un 37% por encima del resultado obtenido por la comunidad mediana, Castilla y León. En cambio, el resultado más favorable fue el de Madrid, donde el resultado cosechado fue un 30% menor que el dato recibido por Castilla y León.
A la hora de interpretar estos datos, es importante recalcar que el panorama político andaluz cambió por completo en 2019, con la llegada a la presidencia autonómica del popular Juanma Moreno, quien ha impulsado diversas rebajas de impuestos en los tres últimos ejercicios. De modo que, cuando tengamos datos más recientes, es probable que Andalucía mejore su resultado.
El efecto de la "hucha común"
El estudio de Sanz, García y Romero también se plantea por el impacto que tiene el actual sistema de financiación en el bolsillo de los contribuyentes de las distintas autonomías, habida cuenta de que el Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales hace que algunos territorios paguen más impuestos para financiar transferencias de recursos dedicadas a otras comunidades.
Al estudiar esta cuestión, los autores del informe encuentran que la presión fiscal existente en Madrid se eleva un 5,5% por los pagos realizados a la "hucha común". También Baleares y Cataluña hacen un sobreesfuerzo tributario por este motivo, aportando un 3,2% y un 1,9% más, respectivamente. Para el resto de comunidades, que son receptoras netas de fondos procedentes del FGSPF, la presión fiscal es entre un 1% y un 22% más baja gracias a estas aportaciones.
En el caso de la Comunidad Valenciana, por ejemplo, la presión fiscal se aminora un 3,1% gracias al dinero que ponen en la "hucha común" las regiones de Madrid, Baleares y Cataluña, siendo Madrid la que más recursos inyecta en el FGSPF (casi el 70%). De modo que las críticas de Ximo Puig contra el modelo impositivo madrileño no se sostienen y, con los datos encima de la mesa, queda claro que su comunidad se beneficia de tales aportaciones y, con ello, mantiene una presión fiscal más baja y financia parte de sus servicios básicos con dinero abonado por contribuyentes de Madrid y, en menor medida, Belares y Cataluña.