Yolanda Díaz ha cumplido su amenaza y ha aprobado subir el Salario Mínimo (SMI) hasta los 1.000 euros. Tras rendir indigna pleitesía a la ministra de Trabajo hace unas semanas con la reforma laboral, esta vez la CEOE ha tenido la decencia de no apoyar este nuevo esperpento. Pero contar con el beneplácito de la patronal no es algo que le haya quitado nunca el sueño a la ministra comunista a la hora de seguir estrangulando el mercado de trabajo, y con el sí de sus sindicatos serviles se ha dado por satisfecha.
Así, el SMI pasará de los 965 euros al mes actuales a los 1.000 euros, y con efectos retroactivos desde el 1 de enero. Esto supone elevar 35 euros el límite salarial vigente y un aumento de más de 600 euros en costes para los asfixiados empresarios.
La ministra celebró que "subir el SMI ha sido muy positivo para nuestro país y muy positivo para nuestra economía", aunque los datos dicen lo contrario. De hecho, con su misma retórica, cabría preguntarse: ¿por qué no lo sube a 3.000 euros, si genera tantos beneficios? "El SMI es la mejor herramienta para combatir la pobreza laboral", insistió mentirosa, y hasta calificó de "teología" todos los informes que evidencian que cuando el Estado fija por ley los sueldos se genera paro. Por supuesto, no aportó ningún estudio técnico que respaldara sus disparatadas afirmaciones.
Sin embargo, cabe recordar el demoledor estudio del Banco de España (BE) que tanto se le atragantó al Gobierno hace unos meses. Tal fue el bochorno que generó saber que la subida del SMI decretada en 2019 expulsó del mercado laboral a unas 170.000 personas, que desde Podemos llegaron a clamar por "correr a gorrazos" al gobernador del BE. Cuando se descubre que lo único que generan las medidas comunistas es paro, desigualdad y la pobreza, ya solo les queda la violencia.
En dicho documento, el BE también confirmaba otra evidente paradoja: que los trabajadores más jóvenes y los mayores de 45 años habían sido los más perjudicados por ese coactivo incremento salarial del Gobierno. Es decir, los más vulnerables. Cuando el Estado fija los salarios por encima de la productividad del trabajador, el efecto directo es el despido en masa de estos perfiles o, en el mejor de los casos, su traslado a la economía sumergida. Ejemplos abundan en el sector agrario o en el empleo doméstico. Y es que la única fórmula para determinar el precio del trabajo la tiene el mercado, que es idéntica a la que fija el precio de cualquier mercancía. Por eso no puede ser más insensato fijar el mismo SMI en Madrid que en Extremadura.
Lo mismo ocurre con las pymes y los autónomos, que son los que más difícil van a tener asumir este nuevo golpe laboral, pues las multinacionales que tanto aborrecen los social-comunistas ya pagan sueldos mucho más altos y este intervencionismo salarial no les afecta. Desde Cepyme calculan que la nueva subida del SMI sacará de mercado laboral a al menos 60.000 personas. Las más vulnerables. Si a esto se suma el sablazo que está preparando el Ministerio de Seguridad Social en las cotizaciones de los autónomos, va a ser cosa de ciencia ficción ver a un trabajador por cuenta propia contratar a un empleado. Y eso sin contar la reducción de la inversión o las subidas de precios que tendrán que acometer las compañías para poder sufragar estos sobrecostes.
Si siempre es una torpeza quitar a empresarios y trabajadores la potestad de fijar los salarios, hacerlo cuando España ha perdido 70.000 empresas con la pandemia y en plena escalada de la inflación es toda una majadería. Además, teniendo en cuenta que España es la oveja negra de Europa en términos de paro, esta medida destructora de empleo no podría ser más funesta. La libertad en materia laboral es la única vía capaz de beneficiar realmente a los trabajadores, pero PSOE y Podemos siguen empeñados en la del intervencionismo.