El principal problema que tiene el mercado de trabajo español es el de sus bajísimos niveles de ocupación, Mientras que en el resto de Europa vemos que el desempleo se mueve en torno al 6%, en España se alcanza un 13%. En la práctica, esto significa que tenemos 1,4 millones de parados por encima de lo que cabría esperar si nuestros niveles de empleo fuesen semejantes a los países de nuestro entorno.
Con la subida del salario mínimo interprofesional que acaba de anunciar el gobierno, hasta llegar a 14.000 euros brutos anuales en catorce pagas, la empleabilidad de los ciudadanos que sufren esta situación de exclusión laboral seguirá empeorando. A esta cifra hay que sumarle impuestos o cotizaciones, que elevan el coste básico de contratación a 19.000 euros, según el último Observatorio de la Competitividad Empresarial.
Según los cálculos que ha presentado CEPYME, la decisión del Ejecutivo de PSOE y Podemos afectará negativamente a un segmento laboral que comprende entre 60.000 y 130.000 personas. La organización representativa de las pequeñas y medianas empresas españolas ha recalcado también que, si bien la remuneración de los asalariados prácticamente se sitúa en los mismos niveles previos a la pandemia, el excedente bruto de explotación de las empresas está lejos de esa normalización y se mueve un 7% por debajo de las cifras de 2019. No olvidemos, además, que el PIB también sigue lejos de las cifras habituales y, a cierre de 2021, la brecha era de un 4%.
Los efectos secundarios
Evidentemente, desde la izquierda política y mediática se insiste en que toda empresa debería ser capaz de aumentar los emolumentos de los trabajadores peor remunerados. El problema es que, para empezar, esta lógica ignora la cuestión de la productividad y da por bueno que los salarios pueden revisarse sin atender al valor añadido creado. Además, el salario mínimo español se determina políticamente y es homogéneo, de modo que no diferencia por sectores ni por localización geográfica, de modo que se le exige la misma subida retributiva a una gran multinacional de una rama de actividad que va a más que a una pyme que se dedica a la agricultura y opera en una provincia donde el paro es del 25% y los salarios son sensiblemente inferiores a la media nacional.
De ahí viene el principal miedo que comunican los empresarios cuando se les pregunta por este tipo de medidas. Y es que, como explicaba Diego Barceló en Libre Mercado, la exclusión laboral generada por las subidas reiteradas del salario mínimo hace que, por ejemplo, el segmento del servicio doméstico haya perdido 1 de cada 5 empleos. En la misma línea se pronunció en su día el Banco de España, que estimó que el aumento del SMI en 2019 restó al menos 100.000 empleos.