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'La factura de la injusticia': las 10 consecuencias del mal funcionamiento de los juzgados

En España son necesarios 272 días para resolver un litigio civil en primera instancia. Si llega al Supremo, el plazo es de 788 días.

En España son necesarios 272 días para resolver un litigio civil en primera instancia. Si llega al Supremo, el plazo es de 788 días.
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No abundan los libros dedicados al análisis económico del derecho, pero este 2022 ha llegado con una interesante novedad en dicho campo. Se trata del ensayo "La factura de la injusticia", publicado por la editorial Tecnos por el abogado y economista de Banco de España, Juan S. Mora-Sanguinetti.

"Un sistema judicial eficaz es esencial para el desarrollo económico de un país. Por el contrario, su lentitud cuesta mucho dinero. Por tanto, la recuperación de la economía española tras la pandemia necesitará un sistema judicial saneado, capaz de dar seguridad jurídica a ciudadanos y empresas", advierte la introducción de la obra.

(1) El experto advierte que "ya en 2019, el año previo a la pandemia por COVID-19, la justicia en España, en todo aquello relacionado con conflictos entre ciudadanos y empresas, tenía capacidad para resolver solamente 1 de cada 1,8 casos pendientes de su pila de trabajo. En 2020, esa relación era ya de 1 de cada 2. Por si esto no fuera poco, por desgracia, la experiencia de la última Gran Recesión nos enseña que uno de los legados de la pandemia será el de un mayor empeoramiento, si cabe, en estas proporciones y un aumento de la congestión del sistema judicial".

Con un lenguaje asequible y alejado de tecnicismos, el autor describe algunas de las principales conclusiones a las que ha llegado tras quince años de trabajo como investigador en los campos de la economía y la justicia. Los asuntos abordados son de vital relevancia puesto que, en 2019, el sistema judicial español recibió más de 4 millones de asuntos para resolver (2).

(3) Tras evaluar los tiempos de espera de los distintos países de la OCDE, el experto comprueba que en España son necesarios 272 días de media para resolver un litigio de naturaleza privada (civil) en primera instancia. Estamos peor que Alemania (200 días), mejor que Inglaterra (350 días) y en niveles similares a los observados en Francia (274). En esta categoría, el mejor resultado posible se alcanzó en 2014 (204 días), mientras que el año más duro de la pandemia del covid-19 (2020) elevó el retraso hasta una demora media de 354 días. (4).

(5) En cuanto a la duración total de los procesos que quedan sujetos a una segunda instancia y también a un pronunciamiento del Tribunal Supremo o instancia equivalente, vemos que el promedio para España nos habla de 778 días de espera en total. Son datos alarmantes, aunque es cierto que la media de la OCDE es incluso peor (788 días) y que en Francia (950 días) o Italia (2.866) se pueden llegar a dar retrasos aún más escandalosos.

Eso sí: Portugal está mejor que nosotros (635), al igual que Corea (579), Suecia (529) o Suiza (368), de modo que, como bien explica el autor, "el hecho de que estemos más o menos en la media es importante, porque desmiente algunas de las afirmaciones que hemos escuchado sobre la justicia española, pero en cualquier caso esto no quiere decir que debamos estar contentos o satisfechos" (6).

Para el economista del Banco de España, "no puede observarse una mejoría perdurable en el largo plazo en la eficiencia de la justicia en España. Tampoco existe mejoría si se observan los datos para las comunidades autónomas. Y esto contrasta con la mejoría que sí se ve en otros servicios públicos". De modo que el sistema judicial parecería estar "congelado" en su desempeño, pese a las mejoras tecnológicas o las revisiones en la asignaciones presupuestarias. De hecho, la sobrecarga de trabajo es tal que los juzgados tienen pendiente de resolución casi el doble de casos de los que son capaces de estudiar. (7)

(8) El libro confirma el problema de sobrerregulación que enfrenta España: "si tomamos en cuenta todas las normas aprobadas por las distintas capas de la Administración, vemos que se llega a un cómputo de 386.850 durante todo el periodo democrático (1979-2020). Solo en el año 2020, se publicaron en España nada menos que 12.250 normas nuevas, lo que supone cuatro veces más de lo que era habitual al comienzo de la democracia, cuando lo normal era que se aprobasen 3.000 normas al año". Como es evidente, el exceso de regulación abre las puertas a un número mucho más grande de litigios y conflictos judiciales.

Para explicar el efecto que tiene el buen o mal funcionamiento de la justicia en el bienestar de las personas: "si se lograra reducir en un punto la congestión del sistema judicial, el mercado del alquiler mejoraría hasta el punto de que Madrid tendría 3.400 viviendas más disponibles para arrendar, siendo la mejora de Barcelona de 3.100. En Valencia, el aumento sería de más de 1.400 unidades". (9) También se daría un salto "en el tamaño medio de las empresas, cuya dimensión subiría casi un 3% como resultado de replicar las mejoras prácticas judiciales. Esto es especialmente importante, porque las empresas españolas son más pequeñas que las europeas". (10) Por eso, "la seguridad jurídica importa".

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