En Libre Mercado advertimos ya desde la pasada semana del alcance que podría tener la huelga de transportistas que estaba convocada para el lunes 14 por un sector que llevaba semanas trabajando a pérdidas merced a los altos precios del gasoil y, denunciaban, a la nula acción del Ejecutivo para que se cumplieran los propios decretos leyes que habían promocionado para evitar que nadie en España se vea obligado precisamente a trabajar a pérdidas.
El Gobierno ha pretendido minimizar desde el primer día este paro patronal, ya que, según dicen, convoca una asociación minoritaria del sector. Sin embargo, se trata de una plataforma que no recibe subvenciones y que se financia con las aportaciones de sus socios que conforman cerca del 90% del sector del transporte por carretera y que está compuesto por pequeñas y medianas empresas de transportes y autónomos del sector (camioneros).
Tanto es así que el Ejecutivo, ahora que los ciudadanos perciben en su día a día la realidad de falta de algunos alimentos de primera necesidad como la leche o las harinas, en su supermercado de confianza, se dedica a criticar a los convocantes y a vincularlos con movimientos de "extrema derecha" aunque no tengan pruebas, como reconocía la propia ministra de Transportes este mismo jueves justo antes de decir cree que es evidente que detrás de estos piquetes violentos está la extrema derecha.
El caso es que los responsables del Gobierno con competencias en la problemática que plantea este paro de transportes, como los ministros de Agricultura y Transportes han advertido de que el Gobierno empleará todo el peso de la Ley para evitar la acción de los piquetes.
La despenalización de los piquetes
Esto llama la atención, no por la necesidad de evitar la coacción de los piquetes, sino porque tanto PSOE como Podemos han apoyado tradicionalmente estas coacciones cuando las huelgas eran contra gobiernos del PP y alentados por ellos mismos. Tanto es así que fueron PSOE y Podemos quienes hace menos de un año, en abril de 2021, derogaron la Ley que penalizaba con hasta 3 años de prisión la acción violenta de los piquetes.
Para más inri, lo hicieron con una mención expresa cargando contra el PP en el propio texto legal de la derogación:
"Con la crisis como oportunidad, desde la llegada del Gobierno del Partido Popular en diciembre de 2011, se inició un proceso constante y sistemático de desmantelamiento de libertades y especialmente de aquellas que afectan a la manifestación pública del desacuerdo con las políticas económicas del Gobierno".
Desde el PP lo denunciaban en redes sociales:
Hoy el BOE publica la motivación para legislar del PSOE de Sánchez y sus socios: despenalizar la violencia de los piquetes pero que no falte dejar constancia del sectarismo y el señalamiento del que defiende otro proyecto politico.
Razones por las que PP hemos votado en contra. pic.twitter.com/qmOJ3qFQig
— Cuca Gamarra (@cucagamarra) April 23, 2021
Parece evidente que para PSOE y Podemos el problema no es de libertades o derechos sociales, sino de si quien se manifiesta es o no contra ellos. Si la manifestación es contra un gobierno de PSOE y Podemos hay que aplicar todo el peso de la ley contra los huelguistas. Si los piquetes están coordinados desde las centrales sindicales de CCOO y UGT y el objeto de la protesta es un gobierno del PP, entonces la violencia y coacción de los piquetes se queda en meras "acciones informativas" de los huelguistas.