El Ejecutivo de Pedro Sánchez trata de mostrar contundencia contra los transportistas que han decidido convocar el paro indefinido hasta que se resuelvan los problemas que tiene su sector, acrecentados por el alto precio de los carburantes y que ha sido la gota que ha colmado el vaso para los que fueron considerados "héroes" durante la pandemia por mantener las neveras de los españoles llenas.
La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha comparecido en rueda de prensa tras reunirse con "representantes de las asociaciones profesionales del transporte" (decía la convocatoria). Sin embargo entre ellos no estaba la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte de Mercancías por Carretera, convocante de la huelga desde el pasado lunes y que representa a entre el 50 y el 60% de los transportistas en España, sobre todo a pequeñas y medianas empresas (muchas familiares) y a autónomos.
"Quien se está reuniendo con el Ministerio (el Comité Nacional de Transportes por carretera) y está decidiendo por nosotros representa solo al 10% de los transportistas", declara a LM Miguel Cánovas, vocal de Plataforma (la convocante), que asegura que los grandes empresarios del sector del transporte de mercancías sí que se benefician de los acuerdos sobre precio de portes alcanzado con el Gobierno de Pedro Sánchez y que se olvidan del pequeño transportista que es "el que más tiene que soportar las malas condiciones de trabajo" en el sector. Cánovas condena los actos violentos de estos últimos días y va un paso más allá al considerar que el Ejecutivo amplifica esos altercados para "intoxicar a la opinión pública". Dice desconocer de dónde salen esos supuestos transportistas y apunta a que son personas "infiltradas para ensuciar la imagen" de la plataforma convocante de la huelga.
Lo cierto es que la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ha dicho que no se va a sentar "con un grupo de radicales violentos" y ha pedido que no se legitime "ni se les dé cabida" a quienes "sustituyen la palabra por pierdas, palos y clavos". Pero su acusación ha ido un paso más allá al relacionar a los transportistas que están secundando la huelga con la ultraderecha. "No es una huelga patronal, es un boicot organizado por sectores minoritarios de ultras apoyados por la extrema derecha", ha dicho para después justificar que su único interlocutor válido es el Comité Nacional de Transportes por carretera. Y añade que los huelguistas "no representan a los transportistas". Que se lo digan al presidente de la Plataforma convocante de la huelga, que hace tres semanas tuvo que dejar su camión aparcado porque ya no le salía a cuenta ponerlo en circulación por los altos costes a los que tenía que hacer frente y así cientos de ellos, explican.
"Las víctimas de todo lo que ocurre somos los pequeños transportistas" se queja el vocal, Miguel Cánovas, que denuncia que no están representados por los intereses de las grandes compañías. A pesar de ello, nos dice que le consta que en el Comité Nacional de Transportes por carretera, tras las negociaciones con el Gobierno, ya hay gente que se está dando cuenta "del engaño" y se empieza a desmarcar de la línea gubernamental. Un punto por el que le han preguntado en la rueda de prensa a la ministra y no ha querido responder.
Mientras tanto y olvidando el mantra socialista del derecho a la huelga defendido hasta la saciedad cuando no estaban en la Moncloa, el Ejecutivo anuncia que van a ser "contundentes en la represión de estas conductas violentas", ha dicho Raquel Sánchez quien ha informado de que trabajan en colaboración con el Ministerio del Interior que ha movilizado "más de 15.000 agentes para poder reprimir estas actuaciones violentas".
Miguel Cánovas, vocal de la plataforma que convoca el paro indefinido, defiende su inocencia. "No somos delincuentes, somos personas honradas que quieren ganarse la vida. ¿Por qué no nos envían directamente al Ejército"? se pregunta con ironía y resignación ante los que solo ven que son unos violentos.
Lo cierto es que en el sector del transporte de mercancías hay mucha preocupación (algo que le trasladaron ayer a la CEOE) porque no sólo es que haya camioneros que no pueden trabajar libremente por los piquetes sino porque muchos prefieren directamente ni salir para que sus vehículos no sufran ningún daño. De hecho los propios empresarios representados en la CEOE y en CEPYME ayer condenaron los actos violentos y pidieron al gobierno medidas urgentes para paliar los daños en los sectores más afectados por la subida de los precios de la energía.
Mientras tanto, hasta el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha dicho en Telecinco que el Gobierno "empleará toda la firmeza necesaria para que el abastecimiento de los ciudadanos se restablezca".