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El BCE arremete duramente contra España por limitar los pagos en efectivo a 1.000 euros

El Banco Central Europeo considera que la normativa española "discrimina los pagos hechos por los residentes".

El Banco Central Europeo considera que la normativa española "discrimina los pagos hechos por los residentes".
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El Banco Central Europeo se ha pronunciado de manera desfavorable y ha advertido efectos "adversos e indeseables" en la economía por la reforma del Gobierno para limitar a 1.000 euros los pagos en efectivo en el que una de las dos partes fuera una empresa o un profesional. El Ejecutivo argumentó en su momento que esta nueva norma tenía razón de ser para luchar contra el fraude fiscal. Sin embargo, el BCE considera que esta rebaja es "desproporcionada".

Además, en este dictamen, el organismo presidido por Christine Lagarde ha recordado que ya existe una directiva europea – la Directiva UE 2015/849 – aprobada tanto por el Parlamento como por el Consejo y que fija este limite de los pagos en efectivo en los 10.000 euros. Así, señalan que la ley española tendría que establecer un límite proporcionado y más similar el europeo.

La normativa limita a 1.000 euros el pago en el que una de las dos partes sea empresa o profesional, a 2.500 euros cuando ambas partes sean particulares y a 10.000 cuando intervengan personas que no son residentes fiscales. Según el BCE, es "desproporcionada". Además, el banco central considera que esto "discrimina los pagos hechos por los residentes", ya que el limite es hasta diez veces superior si una de las dos partes no reside en España.

Pero, la cosa no queda aquí, el BCE también arremete contra la sanción impuesta por el Gobierno para aquellos que sobrepasen estos límites. Ya que, según la norma española se debería pagar un 25% del importe pagado en forma de penalización si se sobrepasan estos límites. Así, si un autónomo recibe un pago de 1.100 euros de un particular, podría sufrir una sanción de 275 euros.

En este dictamen, el Banco Central Europeo también señala que esta norma no tiene en cuenta ni el impacto social ni la exclusión financiera. Así, puntualiza que es "un medio de pago esencial para la tercera edad, los inmigrantes, los discapacitados, los ciudadanos socialmente vulnerables y cualquier persona con acceso limitado a los servicios digitales". Además, señala que este método de pago debería estar siempre disponible "en casos de corte de suministro eléctrico o fallo de los sistemas de pago electrónico".

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