Puede que algunos hayan notado que desde hace unos días el pan sabe más soso que antes. No se equivocan. La semana pasada entró en vigor la norma que obliga a los panaderos a reducir los contenidos máximos de sal en el pan. El Gobierno insiste en que la finalidad es "facilitar a los consumidores panes más saludables".
La norma de calidad del pan se aprobó en abril de 2019 (Real Decreto 308/2019, BOE de 11 de mayo) y entró en vigor el 1 de julio de 2019, pero la medida específica sobre los contenidos de sal se pospuso hasta este año con la finalidad de que los fabricantes pudieran adaptar sus procesos de producción a la reducción de este ingrediente.
La norma establece que el contenido máximo de sal permitido en el pan común, como producto acabado, debe ser de 13,1 g de sal por kilogramo de pan o el correspondiente 0,52 g de sodio por 100 g de pan, si se analiza mediante determinación de cloruros. O bien de 16,6 g de sal por kilogramo de pan o el correspondiente 0,66 g de sodio por 100 g de pan, si se analiza mediante determinación de sodio total.
El establecimiento de una reducción en los límites de sal fue consecuencia de las negociaciones entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y Asociación Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición AESAN con la finalidad de "facilitar a los consumidores panes más saludables", según ha señalado el Gobierno.
Según esas mismas fuentes, muchos panaderos han ido adaptando su receta durante estos últimos dos años. Sin embargo, los que todavía no lo han hecho, deberán afrontar un nuevo gasto en un momento ya de por sí complicado. La inflación desbocada y la crisis de combustibles se suman a los precios disparados de la harina debido a la invasión rusa de Ucrania. Así que, muchos panaderos, asfixiados por la situación económica, se han visto obligados a subir el precio del pan entre 5 y 20 céntimos.