Las consecuencias económicas de la guerra y la política económica de Pedro Sánchez (3)

Como puse de relieve en la entrega anterior, sólo una cuarta parte de las ayudas directas arbitradas por el Gobierno se destinan a la parte productiva de la economía. En concreto, a los sectores agrario y pesquero, industrial, energético y del transporte. Este último, tal vez debido a la intensidad de sus reivindicaciones y al éxito de la huelga convocada por la Plataforma Nacional para la Defensa del Transporte en las semanas previas a la aprobación del decreto ley, es el que obtiene la cifra más abultada. En total, 470,6 millones de euros, de los que más del 95% corresponden a las subvenciones por vehículo a las que pueden aspirar las empresas y autónomos que operan en las carreteras. Estos subsidios —cuyo máximo por perceptor se establece en 400.000 euros— se justifican por la elevación del precio de los carburantes, por lo que son redundantes con respecto a la bonificación de estos últimos establecida con generalidad dentro del escudo social. Además, los autónomos pueden percibir una subvención adicional de hasta 150.000 euros por abandonar la actividad, lo que añade otros 10,3 millones al sector.

Mucho menos relieve adquieren las ayudas aprobadas para otros subsectores del transporte, también justificadas por la elevación de los costes energéticos, como son la bonificación de un 80% las tasas portuarias en las líneas marítimas que conectan la península con los puertos insulares y de Ceuta y Melilla —cuyo coste fiscal se estima en 5,5 millones de euros—, así como las ayudas a las empresas privadas ferroviarias, consistentes en una subvención por locomotora de tracción diésel con un máximo de 400.000 euros por perceptor o bien en una rebaja del precio que ADIF carga a la tracción eléctrica —para todo lo cual se prevén 4,82 millones—. En ambos casos no se han planteado demandas públicas reivindicativas.

Todo lo contrario que en los sectores industriales que han logrado colar sus demandas de rebaja de costes energéticos en el decreto ley. Me refiero a las industrias electrointensivas —sector que agrupa a empresas siderúrgicas, metalúrgicas, químicas y de gases industriales—, que en diciembre de 2021 publicaron un manifiesto al respecto y en marzo de 2022 amagaron con paralizaciones de la producción y con poner en marcha ERTE e incluso deslocalizaciones. Lo mismo puede decirse, aunque con menor énfasis, con respecto a las industrias intensivas en gas, que también en diciembre reclamaron "medidas urgentes y excepcionales" e iniciaron una campaña de presión sobre el Ministerio de Transición Ecológica. En total, para ambos tipos de industrias se arbitran ayudas por valor de 350 millones de euros, de los que casi dos tercios corresponden a una reducción del 80% en los peajes de acceso a redes eléctricas y el tercio restante, a subvenciones por consumo de gas. Si a esto se suman los 65 millones de compensaciones por derechos de emisión de gases de efecto invernadero —que en su mayor parte se adquieren por estos sectores— y unas ayudas adicionales de 73,6 millones para compensar los cargos en la factura eléctrica destinados a la financiación de los productores de energías renovables —que se aprobaron el 8 de abril, con posterioridad al decreto ley—, las industrias intensivas en el empleo de electricidad y gas van a recibir 488,6 millones de euros. Esta cifra equivale a la décima parte de la factura de ambas materias primas energéticas en 2019, pero a los precios actuales su incidencia puede que no suba del tres por ciento. La valoración que ha hecho de ella el Gobierno ha sido extraordinariamente positiva, como revelan unas declaraciones de la ministra Reyes Maroto en las que señalaba: "Estas ayudas muestran el compromiso del Gobierno con los sectores industriales de gran consumo energético en un momento difícil motivado por la guerra injusta de Putin". Sin embargo, Fernando Soto, director general de la asociación de empresas con gran consumo de energía, ha sido más escéptico en un artículo publicado por El Economista en el que, aun valorándolas positivamente, señala que sus asociados estén a la espera de una medida de mayor calado "que reduzca de forma importante el precio del mercado eléctrico".

También los sectores agrario y pesquero se mostraron muy reivindicativos en los meses precedentes al decreto ley que estamos examinando. La flota pesquera amarró a puerto sus buques a mediados de marzo y el mundo rural, que desde hacía meses venía desarrollando acciones reivindicativas, se manifestó masivamente en Madrid el día 20. Los representantes de ambos fueron recibidos en el Ministerio de Agricultura, donde el ministro Planas desplegó el paquete de medidas finalmente aprobado por el Gobierno y logró calmar las acciones reivindicativas. Esas ayudas suman 362,5 millones de euros para la agricultura —de los que 169 corresponden a los productores de leche— y 71,2 para la pesca —de los que un 72% corresponden a los armadores de buques pesqueros y el resto a las explotaciones acuícolas—. Conviene aclarar que estas ayudas son financiadas de manera conjunta por la Comisión Europea (20,5%) y el Estado español (79,5%). Y debe añadirse que, así como las que corresponden a los sectores pesquero y lácteo están muy detalladamente definidas, las del resto del sector agrario han quedado pendientes de una ulterior regulación.

Finalmente ha de mencionarse el almacenamiento de gas, que, con una financiación de 21,6 millones de euros, es el último de los sectores productivos que han encontrado acomodo en la política económica del Gobierno de Pedro Sánchez. Dado que los problemas energéticos y la inflación inducida por el aumento de los precios de todo tipo de energías se extienden por la totalidad de la economía, no parecen suficientes las ayudas que acabo de examinar. En todo caso, queda claro que las que se han arbitrado responden esencialmente a las presiones ejercidas por los lobbies que agrupan a los intereses sectoriales más afectados por las presiones inflacionistas.

Dicho esto, no puede obviarse que, además del paquete de subvenciones y rebajas fiscales, el decreto ley contiene dos tipos de medidas adicionales sin coste para el Estado que pueden paliar en algo las necesidades de las empresas y trabajadores autónomos (véase el cuadro). Me refiero al aplazamiento por tres o cuatro meses de las cuotas de la Seguridad Social en los casos de los trabajadores del mar y del transporte urbano por carretera, respectivamente, así como a la línea de 10.000 millones en avales del Ministerio de Economía cuya finalidad es el refuerzo de la liquidez. Ambas tienen costes, principalmente de gestión, amén de los que devenguen los aplazamientos o créditos, para las empresas o autónomos que se acojan a ellas. Este tipo de medidas heredan los planteamientos de la política que se estableció con ocasión de la epidemia de covid-19 —una política que, sin embargo, no frenó enteramente la quiebra de una quinta parte de las empresas durante el año 2020, según las estimaciones publicadas por EsadeEcPol—, cuando los problemas de liquidez se suscitaron como una consecuencia de la severa contracción de la demanda. Sin embargo, ahora el problema principal es distinto, pues enfrentamos un incremento de costes en gran medida importado, ineludible de manera inmediata y con visos de permanencia durante meses o tal vez años. Y para este problema las medidas de liquidez no dan una respuesta adecuada. El Gobierno, por su fijación en el corto plazo, tal como se señaló en la primera entrega de esta serie, ha eludido afrontar el cambio estructural que inevitablemente habrá de producirse para adaptar la economía española a los retos que la nueva situación geopolítica y la guerra plantean.

Medidas económicas del Plan de Respuesta a la Guerra sin coste fiscal

Fuente: real decreto ley 6/2022

* 1 de abril a 30 de junio de 2022.

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