El Estado Asistencial nació para atender las necesidades básicas de aquellas personas que no eran capaces de cubrirlas por sí mismas. Su nacimiento podemos atribuirlo a Bismark, quien desplegó una serie de medidas -de lo que luego será el paternalismo conservador- como un intento de frenar el crecimiento de las formaciones socialistas, todo ello en un contexto de la inestabilidad social y agitación política de finales del siglo XIX. En sus inicios, sus pretensiones fueron bastante modestas, sobre todo si lo comparamos con la amplitud del Estado Asistencial actual. Así, se limitó a establecer un seguro de accidentes, la pensión por discapacidad y la pensión por jubilación a partir de los 70 años, una pensión de jubilación diseñada para que prácticamente nadie la cobrara, ya que por aquel entonces la esperanza media de vida apenas superaba los 40 años. Ello sucedió cuando dicho planteamiento podía tener cierto sentido, pues importantes sectores de población no gozaban de niveles ahorro mínimos para responder ante imprevistas situaciones de necesidad.
El crecimiento del Estado Asistencial se disparó a partir de los años cincuenta del siglo pasado y lo razonable hubiera sido que, a medida que crecía la economía y que se iba superando esa situación de emergencia social, éste hubiera ido encogiéndose y reducido su tamaño. Es decir, lo natural hubiera sido que, según fue creciendo la clase media y desapareciendo las bolsas de pobreza, a medida que iba aumentando la renta per cápita y menos personas necesitaban de la tutela del Estado, se hubiera ido produciendo una emancipación progresiva de la patria potestad gubernamental. En buena lógica, ante la falta de necesidad de dicha asistencia gubernamental, lo normal es que ese Estado Asistencial se hubiera ido replegando y encogiendo. Al fin y al cabo, ya no era necesario proporcionar esos niveles básicos de bienes y servicios mínimos, pues la inmensa mayoría de la sociedad alcanzó unos niveles de renta razonables. Sin embargo, el Estado Asistencial, contrariamente a toda lógica, ha ido aumentando su tamaño según aumentaba la renta per cápita de la población, a medida que ésta ya no necesitaba de su ayuda.
La renta per cápita española se ha multiplicado en términos reales por doce en los últimos noventa años, pasando de 2.143 euros en 1930 a los 25.410 en 2021. Por lo que sería de esperar que el gasto social público, por innecesario, hubiera empezado a decrecer a partir de ciertos niveles de renta. Pero lo cierto es que, desde entonces, no ha dejado de crecer, pasando del 0,49 por ciento del PIB en 1930 al 20 por ciento en 2021, copando el 60 por ciento por de los Presupuestos Generales del Estado. El Estado Asistencial ha crecido no sólo a medida que la población dejaba ya de necesitarlo, sino que lo ha hecho a un ritmo muy superior al de la renta per cápita, pues mientras ésta se multiplicaba por doce, el gasto social público lo hacía por cuarenta.
Con el aumento de renta per cápita de las últimas décadas, lo normal habría sido que los ciudadanos se hubieran emancipado paulatinamente del gobierno, pero esto no ha sido así, según crecía la renta per cápita y, por lo tanto la riqueza de los contribuyentes, el Estado ha ido incrementando la provisión de bienes y servicios, los cuales son sufragados -vía impuestos y deuda gubernamental- por las mismas personas que reciben las contraprestaciones obligatorias del Estado.
Como bien afirmaba Ludwig Erhard "la protección obligatoria del Estado tiene que detenerse allí donde el individuo y su familia se hallan en condiciones de proveerse individualmente y con responsabilidad propia". Pues bien, no hemos hecho caso de las advertencias y hoy el Estado Asistencial se extiende sin cesar, abarcando todas y cada una de las necesidades materiales de las personas y dejando, cada vez, menos porción de la riqueza nacional en manos de quienes la generan, limitando, por lo tanto, su capacidad de elegir y decidir. El Estado Asistencial debería haberse limitado a atender las necesidades de los más frágiles pero, por el contrario, ha rebasado los contornos para los que fue creado y se ha extendido a toda la población, proporcionando unos bienes y servicios de pago obligatorio a quienes perfectamente podrían obtenerlos por sus propios medios, convirtiéndonos, de esta manera, en mendigos de nuestro propio dinero.
El Estado Asistencial impide que las personas se hagan económicamente independientes del gobierno, generando una situación de dependencia y constantes reivindicaciones que conducen a un clima de enfrentamiento social entre los colectivos que luchan por hacerse con los favores del gobierno. Sin embargo, con los actuales niveles de renta per cápita, la inmensa mayoría de los ciudadanos podrían perfectamente hacerse cargo de su sostenimiento, pagarse una educación, una sanidad y unas pensiones de mucha mayor calidad de la que reciben obligatoriamente del gobierno y, además, a un precio muy inferior. Llega un momento en que los padres hemos de dejar que nuestros hijos se marchen de casa y hagan su vida. Pues bien, ha llegado el momento de que el gobierno deje a los contribuyentes que se independicen de su tutela y se emancipen ¿No creen?