Tan importante como cumplir las promesas electorales y los acuerdos de gobierno es ejecutarlos a la mayor brevedad posible, sin esperar al final de la legislatura; más aún cuando se trata de reformas tan necesarias y urgentemente demandadas como las destinadas a reducir la brutal presión fiscal que padecen los españoles. Buen ejemplo de esa rapidez a la hora de cumplir los compromisos adquiridos lo acaba de dar el Gobierno autonómico de Castilla y León, conformado por PP y Vox, que ya ha puesto en marcha la tramitación de una serie de rebajas fiscales que, poniendo el foco en la pérdida de poder adquisitivo de los ciudadanos, supondrán un alivio fiscal sobre todo a las rentas medias y bajas, así como al medio rural.
Se dirá que las rebajas fiscales en trámite en Castilla y León no son tan ambiciosas como las que ha defendido programáticamente Vox o ha llevado a cabo en Madrid el PP de Isabel Diaz Ayuso; aun así, no deja ser un alivio y un encomiable cambio de tendencia esa rebaja en el primer tramo del IRPF, que se reduciría un 5,3%, para situarse en el 9% –el más bajo de toda España–, o el incremento del 40% en la deducción autonómica en el IRPF por nacimiento o adopción en función del número de hijos.
No menos plausible es el intento de atraer negocios y empresas al medio rural mediante una mejora del tipo reducido aplicable en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas y Actos Jurídicos Documentados. Así, y teniendo presente la importancia del sector cinegético en esa región, cabe destacar la bonificación del 100% en la cuota aplicada sobre el arrendamiento de fincas rústicas, lo que evitará el trato desigual que hasta ahora sufrían estas operaciones en comparación con el arrendamiento de inmuebles urbanos y supondrá una de las medidas anunciadas por la Junta, para reducir hasta en un 95% los recargos que soportan la caza y la pesca.
Cabe reclamar, no obstante, que el compromiso de gobierno pactado con Vox de "reducir el gasto institucional superfluo" se ejecute con la mayor celeridad, pues, si bien podría entrar dentro de lo posible que una reducción de la presión fiscal se tradujera en una mayor recaudación, el objetivo no debe de ser el de maximizar la cantidad de dinero en manos de la Administración autonómica sino el de dejar el mayor dinero posible en el bolsillo del contribuyente. Y es que, a menos que no se dé importancia al déficit y al endeudamiento autonómicos, toda propuesta de rebaja fiscal debe ir acompañada de una no menos ambiciosa propuesta de reducción o, mejor dicho, de erradicación del gasto público improductivo. Confiemos en que esto último también se haga con la misma determinación y la misma celeridad, pero lo que ya es un hecho es que los acuerdos entre PP y Vox en Castilla y León constituyen un ejemplo de lo que puede y debe ser, a nivel nacional, una alternativa al empobrecedor y fiscalmente voraz Gobierno social-comunista de Pedro Sánchez.