La ocupación ilegal de viviendas se ha convertido en un grave problema social que afecta a decenas de miles de familias. Según los datos oficiales del Ministerio del Interior, sólo en 2020 hubo casi 15.000 denuncias por ocupación de vivienda, un 40% más que en 2017, lo que da pavorosa cuenta de la extensión que está alcanzando este fenómeno profundamente perturbador.
La expansión de esta lacra tiene causas que poco o nada tienen que ver con la presunta escasez de vivienda asequible en las grandes ciudades. Se trata, más bien, de que la izquierda ha abanderado la execrable okupación hasta convertirla en un derecho que ha consolidado en las leyes y ordenamientos dictados tras su llegada al poder.
Todo empezó con el decreto ley antidesahucios tramitado por vía de urgencia a comienzos de 2021, que rápidamente fue replicado a escala autonómica por Gobiernos de izquierdas y nacionalistas con normas que, en no pocos casos, iban más allá en ese esfuerzo inaudito por legalizar una práctica abominable. Esta ofensiva legislativa a favor de delincuentes especialmente antisociales ha dado como resultado la creación de un derecho inexistente a servirse de la propiedad ajena, dejando en situación de absoluta indefensión a las víctimas, que tienen que batallar durante largo tiempo en los tribunales para recuperar lo que es suyo.
La sociedad civil, desamparada por unos Gobiernos que deberían proteger sus derechos, está reaccionando a través de plataformas de afectados por esta canallada liberticida. Una de las iniciativas más significativas proviene del think tank Acción Liberal, que ha elaborado un estudio en el que propone diversas medidas centradas en dos aspectos fundamentales: permitir el desalojo inmediato de los malhechores y establecer la primacía legal de los propietarios como únicos titulares de un derecho constitucional que les ha sido violado.
Pero estas iniciativas necesitan de manera efectiva un impulso político que, para vergüenza de la izquierda, solo pueden brindar en estos momentos los partidos de la derecha. Más allá de protagonizar encontronazos verbales cuando ocurre un caso de okupación especialmente sangrante, PP y Vox tienen la obligación de coordinar una respuesta global para proponer soluciones reales que pongan fin a estos atropellos y expongan a la condena pública a las fuerzas políticas que los promueven.