Desde la aprobación del Real Decreto 13/2018, corresponde a las comunidades autónomas el regular el sector de los vehículos de transporte con conductor o VTC. De esta forma, son los gobiernos regionales los que deben tomar cartas ante el asunto y determinar si permiten o no la coexistencia de estos servicios con su principal competidor, el tradicional gremio del taxi.
En un informe publicado por el Instituto Juan de Mariana se recuerda que la norma aprobada en 2018 establecía una moratoria de cuatro años hasta su completa aplicación, de modo que la larga espera empieza a llegar a su fin y los gobiernos autonómicos deberán mover ficha próximamente. En Madrid ya es conocida la postura del Ejecutivo que preside Isabel Diaz Ayuso, quien aboga por permitir la coexistencia entre taxis y VTC, en línea con lo que ha venido siendo habitual en los últimos años en dicha comunidad autónoma.
La aparición de servicios como Cabify, Uber o Bolt ha tenido un efecto significativo en términos de creación de empleo, respaldando más de 60.000 puestos de trabajo, de los cuales 40.000 se generan de forma directa y 20.000 de manera indirecta o inducida. Se estima que la restricción de las licencias de taxi constituye una pérdida de bienestar para los consumidores valorada en 96 millones de euros, vía precios más altos, menor oferta y otros obstáculos.
Es importante recalcar que, de acuerdo con un sondeo de Metroscopia, más de un 60% de los españoles se posicionan a favor de la competencia entre los VTC y el taxi, un porcentaje que duplica el obtenido en esa misma encuesta por la opción favorable a la limitación de los vehículos con conductor y el regreso a un paradigma en el que predomine el taxi.
De acuerdo con el Instituto Juan de Mariana, no es correcto dar por bueno que la autorización de ambas formas de transporte es suficiente para generar una competencia equilibrada entre estos dos tipos de servicio, puesto que alrededor del 50% de quienes se suben a un taxi lo hacen a pie de calle, haciendo uso de un tipo de recogida que no está permitido a Cabify, Ubert o Bolt, cuyos vehículos solo pueden operar previa reserva. En Cataluña, donde se reforzaron estos requisitos impuestos a los VTC, el peso de este servicio en relación con el taxi cayó del 20% al 16% en apenas tres meses.
Los consumidores, en cualquier caso, están acercándose cada vez más a las nuevas empresas del sector, puesto que los datos analizados por ISDI muestran que en los últimos años, los competidores del taxi han visto cómo aumenta la frecuencia con la que se contratan sus servicios y la fidelidad de sus nuevos usuarios, todo lo contrario al sector del taxi.