El ex ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, participó esta semana en un coloquio organizado por el Instituto de Estudios Económicos y el Consejo General de Economistas. A lo largo del acto, el político socialista habló sobre la importancia de preguntarse "si el gasto público ¿está para alimentar la maquinaria o cumplir unos objetivos para los cuales ha sido diseñado?".
Con estas declaraciones, el político socialista lanza un toque al gobierno de coalición entre su partido y Podemos y se posiciona a favor de "una revisión del gasto público, que debería hacerse al margen de la finalidad coyuntural". En un contexto en el que el gasto de las Administraciones ha llegado a superar el 50% del PIB, considera que "la mejora del gasto debería ocupar una parte importante del debate público y político, basándonos en indicadores de eficiencia".
Sevilla, que presenta nuevo libro (La España herida, Deusto) y trabaja en la consultora Llorente y Cuenca, marca así cierta distancia la línea de irresponsabilidad fiscal que ha venido siguiendo el PSOE. Sí es cierto que el ex ministro no habla de reducir el gasto, sino de "mejorarlo". De igual modo, insiste en que "el nivel de gasto en España está por debajo de la media de la UE", sin tomar en consideración que nuestro país presenta dos veces más paro y también registra una economía sumergida más abultada, lo que explica dicho diferencial.
En cualquier caso, la participación de Sevilla en una jornada así pone de manifiesto un distanciamiento respecto de un gobierno que está incurriendo en abultadísimos déficits presupuestarios sin aparente preocupación por el regreso a la estabilidad fiscal. Así, quien cobró fama al trasladar al presidente Rodríguez Zapatero la necesidad de recibir "dos tardes" de consejos económicos, ha defendido la necesidad de "abrir este debate al margen de la situación coyuntural".
Fernández de Mesa pide un esfuerzo de 60.000 millones
A este respecto, el presidente del IEE y ex Secretario de Estado de Economía, Íñigo Fernández de Mesa, recalcó que "si comparamos la eficiencia de los presupuestos españoles con los de la UE y la OCDE, podemos ver que tenemos una brecha del 14%. Si la cerrásemos, ahorraríamos 60.000 millones de euros de gasto. Hay que abordar esta situación y tomar decisiones de política fiscal que ajusten nuestro elevado déficit estructural y endeudamiento público. Y la vía más conveniente para las cuentas y el crecimiento es aumentar la eficiencia del gasto público".
En opinión de Fernández de Mesa, "habría que implementar mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas, promover una gestión profesionalizada e independiente con evaluación constate de actuaciones, fomentar y promover la colaboración público-privada, apostar por la corresponsabilidad fiscal y la colaboración entre Administraciones, presupuestar en base a objetivos y mejorar la digitalización. España requiere de un plan para la corrección de los desequilibrios de las finanzas públicas; además de un replanteamiento del uso de los fondos de recuperación europeos. Solo así podremos crear un clima especialmente favorable a la actividad empresarial, promoviendo el restablecimiento de unas condiciones óptimas para la inversión, factor determinante de la reactivación de la actividad económica".
La opinión del Consejo General de Economistas
El presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, también se ha expresado en esta línea, señalando que "la Comisión Europea ha reclamado a los países miembros que limiten el crecimiento del gasto corriente por debajo del crecimiento potencial de la economía, especialmente en aquellos países con una elevada deuda, como es el caso de España. Además, el Banco de España ha incorporado en su Informe Anual la recomendación de revisar el gasto para ganar en eficiencia. Es un debate que no se puede aplazar más".
"Ante esta tesitura y el desfase de nuestras cuentas públicas, sería recomendable actuar sobre tres frentes: por un lado, adecuando los Presupuestos Generales del Estado a la realidad actual; por otro, estableciendo sistemas eficientes de evaluación y control del gasto para evitar desvíos hacia partidas superfluas; y, por último, acometer de manera realista el tema de la revalorización de las pensiones, que, de no atajarse de forma adecuada, podría disparar el gasto de una manera insostenible", señaló Valentín Pich.