Una publicación lanzada el pasado lunes por los economistas Juan Luis Jiménez, Jordi Perdiguero y José Manuel Cazorla-Artiles ha puesto de manifiesto la inefectividad de la rebaja de 20 céntimos en el precio de los carburantes aprobada por el Gobierno.
Concretamente, los expertos han analizado la medida extraordinaria aprobada por el Ejecutivo el pasado 1 de abril, consistente en la reducción del precio final de los hidrocarburos en las estaciones de servicio. Esta rebaja es subvencionada en su totalidad por el Estado, salvo en las estaciones propiedad de las tres empresas con capacidad de refino en territorio nacional- Repsol, BP y Cepsa- que deben cubrir 5 de los 20 céntimos de descuento.
Como resultado de su investigación, los economistas han concluido que la política implementada ha contribuido a aumentar el precio de los carburantes en 5 céntimos por litro, aproximadamente. Esta cantidad es, por tanto, la misma que los gasolineros debían rebajar y provoca que el abaratamiento total percibido por el consumidor sea de 15 céntimos en lugar de 20. La Administración, sin embargo, sí que paga vía impuestos estos 20 céntimos, procedentes del dinero de todos los contribuyentes.
Concretamente, la gasolina 95 incrementó su precio en 2,7 céntimos de euros antes de impuestos por culpa de la bonificación, y 3,7 después de impuestos; mientras que el diésel aumentó en 4,1 céntimos de euro antes de impuestos y en 6 céntimos después de impuestos.
La primera de las razones que encuentran los expertos para la ineficiencia de la medida es un problema de falta de competencia en la cadena productiva dentro del sector de los hidrocarburos. Asimismo, destacan el hecho de que la demanda de este suministro básico sea inelástica. Es decir, que se trata de un mercado en el que la gente tiene que seguir consumiendo combustible independientemente de cuál sea su precio. Estos dos factores, por tanto, incentivan a que los productores acaben apropiándose de parte de la rebaja.
Para estimar los efectos de la medida, los economistas han empleado el método econométrico de diferencias en diferencias, que permite evaluar el efecto causal de una política concreta al compararse con la situación de otros países que no la han implementado.
Este chasco regulatorio se suma a otros muchos fracasos en las políticas públicas que, en el mejor de los casos, son ideadas bajo las buenas intenciones de los políticos, pero terminan fracasando por un incorrecto diseño y por ignorar el comportamiento de los agentes económicos. En el peor de los escenarios, son aprobadas por la mera búsqueda de soluciones efectistas con las que aparentar estar ayudando a la ciudadanía, aun sabiendo que sus efectos serán ínfimos o incluso perniciosos. Así, por ejemplo, destaca el fiasco del bono del alquiler del Gobierno, que, como alertó Libre Mercado, sería absorbido por los propietarios, contribuyendo a encarecer aún más el acceso a la vivienda y a inflar la recaudación de la Administración.
Funcas, BBVA y el CES también cuestionan la bonificación
El director de Coyuntura y Economía Internacional de Funcas, Raymond Torres, también valoró el lunes algunas de las medidas adoptadas por el Gobierno para contener la inflación, destacando que la bonificación aplicada sobre los carburantes solo ha tenido efectos en el corto plazo.
"Hay medidas que creo que no han tenido efectos más que a corto plazo y que son cuestionables a más largo plazo, como la subvención para los carburantes de 20 céntimos (por litro). Se la ha comido ya el incremento del precio del petróleo. No tiene mucha focalización y no ayuda a los colectivos en dificultad. Es una subvención que no es necesaria para aquellos que no la necesitan", ha aseverado Torres en una entrevista en RTVE.
Por su parte, el Consejo Económico y Social de España (CES) ha criticado este miércoles 1 de abril la bonificación de 20 céntimos por considerarla una medida fiscal "regresiva", que "choca" con el reto de descarbonizar la economía, "que no cumple sus objetivos" y cuyo coste "sería más efectivo si se destinara a ayudar a los colectivos más vulnerables".
Estas críticas se suman a las de otros muchos expertos e instituciones, que llevan meses alertando sobre los defectos de esta rebaja a los combustibles. Así, por ejemplo, el responsable de Análisis Económico de BBVA Research, Rafael Doménech, ya señaló a comienzos de abril que la medida era "general", "poco selectiva" y que "no fomenta el ahorro en el consumo de combustibles fósiles en un proceso de transición energética".
Pese a todo, la cuestionable eficacia de la medida no ha impedido al Ejecutivo anunciar la prórroga de la misma dentro del plan "anticrisis" por la guerra de Ucrania, que caduca este mes de junio. Eso sí, según ha adelantado este miércoles el ministro Alberto Garzón, el Gobierno "está estudiando y negociando" introducir una mayor progresividad en la bonificación del combustible. Esto sería posible, por ejemplo, modulando la misma en función de la renta de cada familia.
