Casi 100.000 millones. Esa es la traca final que buscan los separatistas. ERC y Compromís mantienen un mismo objetivo en estos momentos: conseguir todo un regalo final de Pedro Sánchez. Un perdón de 99.418 millones de deuda pública autonómica que, según los cálculos del Gobierno valenciano, no son culpa de su gestión económica, sino de la infradotación de fondos provocada por el actual sistema de financiación autonómica. Compromís ya ha deslizado la exigencia formalmente y el PSOE, en su actual debilidad política, se ha abierto a negociar.
Las dos comunidades autónomas que han roto todos los esquemas de descontrol del gasto, déficit y deuda tienen nombre separatista, nacionalista y socialista. La primera de ellas es Cataluña. La segunda es la Comunidad Valenciana.
La primera de estas regiones, la Cataluña de ERC y Junts, acumula nada menos que 82.369 millones de deuda pública -2,4 veces la deuda de la Comunidad de Madrid, teniendo ambas parámetros comparables-. La segunda, la Comunidad Valenciana del PSOE, Compromís y Podemos suma 53.820 millones de deuda pública -1,6 veces la deuda de la Comunidad de Madrid, pese a tener 1,7 millones de habitantes menos-.
Y, precisamente por ello, se les ha ocurrido una solución: que el descontrol de deuda pública sea asumida por los demás. Por ello pretenden que el nuevo modelo de financiación autonómica asuma un postulado: que la deuda pública acumulada por sus regiones sea asumida por todos los españoles en el porcentaje equivalente a lo que ellos consideran que ha supuesto la escasez de fondos del actual esquema de reparto de ingresos. Y ese porcentaje, según el Gobierno Valenciano, se eleva a nada menos que el 73%. Por lo tanto, en caso de aplicar ese porcentaje a ambas comunidades, el resultado sería, simple y llanamente, el de que 99.418 millones de euros dejarían de deberlos las dos Generalidades, para pasar a deberlos todos los españoles. Por arte de magia financiera. O, más bien, política.
Todo un cambio y todo un regalo de casi 100.000 millones de euros a mayor gloria del PSOE de Ximo Puig y el Compromís de Mónica Oltra en la Comunidad Valenciana, y del Gobierno separatista de ERC y Junts en Cataluña.
Compromís ya ha registrado en el Congreso un documento en el que exige formalmente el mismo postulado que defiende ERC. En su redactado argumenta que "el 6 de octubre de 2015, Las Cortes Valencianas en el marco de una comunicación del Consejo sobre la agenda de reivindicaciones valencianas, aprobaron por unanimidad la resolución 22/IX". Y en esa resolución se instaba "al Gobierno central a reformar de manera inmediata el sistema de financiación con efectos a 1 de enero de 2014 con el objetivo de garantizar que los valencianos y valencianas pudieran disponer de unos servicios públicos fundamentales (sanidad, educación y protección social) de calidad, así como el ejercicio de las competencias propias que tiene atribuidas la Generalitat (trabajo, vivienda, medio ambiente , infraestructuras, cultura, promoción económica)". Así mismo, "se reclamaba el reconocimiento del déficit acumulado cifrado en al menos 12.433 millones de euros y la ejecución de inversiones estatales equiparables al peso poblacional del territorio valenciano". Pero todo eso era en aquel momento.
La deuda ha crecido. Y, según los cálculos del Gobierno Valenciano, lo ha hecho por culpa del modelo de financiación de las comunidades autónomas. "Más de ocho años después de la caducidad del sistema de financiación, estas reivindicaciones se encuentran, mayoritariamente, sin atender. El sistema de financiación continúa sin ser reformado y el déficit acumulado por esta materia ya supera los 40.000 millones de euros según las estimaciones de la Sindicatura de Comptes", alega Compromís.
Y allí no se estima el impacto de la misma reivindicación en la Cataluña de ERC y Junts.
"Lo más preocupante es que, recientemente, hemos conocido la voluntad de los dirigentes de los principales partidos estatales de renunciar a la reforma del sistema de financiación durante la presente legislatura. Una situación que, de confirmarse, no solo volvería a contradecir lo que determina la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), sino que — lo que es más importante- vulneraría el derecho a la igualdad de los valencianos y valencianas y despreciaría las resoluciones aprobadas por el parlamento valenciano", señala el partido de Mónica Oltra.
"Ante esta situación, presento la siguiente proposición de ley para regular el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias", aclara el texto de Compromís.
Lo más llamativo de esa exigencia legal es su "disposición adicional décima. Compensación del Endeudamiento Público Autonómico derivado de los déficits de financiación". Donde se señala sin miramientos que "la AIREF calculará los déficits de financiación que han soportado las Comunidades Autónomas y su impacto en la deuda autonómica desde la entrada en vigor del modelo de financiación autonómica del año 2001, para que se proceda a implantar los correspondientes mecanismos de compensación previstos en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, de acuerdo con la Resolución de la Comisión de Hacienda y Función Pública del Congreso de los Diputados 22 de marzo de 2017". "La forma y plazos de compensación de tales déficits de financiación será acordada mediante convenio entre el Estado y la correspondiente Comunidad Autónoma en el plazo de 6 meses desde la emisión del informe de la AIREF, y consistirá en asunción de deuda autonómica", detalla con toda claridad.
En resumen, que casi 100.000 millones, según las estimaciones de la Generalidad Valenciana, pasen de la deuda de Cataluña y la Comunidad Valenciana, a la del conjunto de España.