Salida del presidente del INE, Juan Rodríguez Poo, y remodelación de la cúpula y cargos clave de la institución. Todo en el mismo plan de control de las grandes estadísticas económicas nacionales, pero por fases. El Gobierno no va a contentarse con el corte de cabeza —camuflado de dimisión— del máximo responsable de la institución. Pedro Sánchez ha tomado nota de los últimos acontecimientos en el Instituto de Estadística y del amotinamiento de los funcionarios en defensa de su presidente, de su independencia y de la credibilidad de sus estadísticas. Y, por eso, el líder socialista prepara un desembarco en toda regla en el INE con un cambio paulatino de toda la cúpula y cargos clave.
La secuencia de los hechos es significativa y reveladora. El Gobierno habla de un crecimiento del 0,3% del PIB. Y el INE le corrige con un dato aún más negativo de un 0,2%. El Gobierno dice que ha controlado la inflación. Y el INE le abofetea en plena cara y ante la opinión pública con un dato del IPC de nada menos que un 10,2%, superior incluso al 9,8% que abrió ya la caja de los truenos en la Vicepresidencia Económica de Nadia Calviño.
Pero en medio de esos dos datos del INE ocurrió algo: la presión sobre el presidente del INE y amenaza de destitución, seguida de dimisión a empujones de Rodríguez Poo.
Y Sánchez ha confirmado una cosa: que tras atacar al presidente de la institución y lograr su salida por no ceder a retocar el dato de PIB, el cuerpo de estadísticos ha reaccionado amotinándose en defensa de la legalidad y haciendo su trabajo. Y, sobre todo, publicando que los precios se han disparado un 10,2%: superando la barrera psicológica de los dos dígitos.
Traducido: las presiones no han doblegado a los funcionarios que, además, han buscado apoyo sindical en CSIF. Y CSIF ha avisado ya de acciones si prosigue la purga y el ataque a la independencia de los profesionales del INE. Pero Sánchez sigue durmiendo con su Manual de Resistencia debajo de la almohada. Y lo ha abierto una vez más.
Por eso, el plan de toma del INE ahora es más profundo. E incluye la llegada del nuevo presidente con un cometido adicional: la remodelación de la cúpula entera y de los cargos clave en la elaboración de los grandes indicadores.
Un purga en toda regla. Porque el deseo es retocar las estadísticas hasta donde trague Eurostat —la Oficina Estadística de la UE— pese a quien pese.
Un plan para enmascarar la inflación
Lo cierto es que tras cobrarse la cabeza de Rodríguez Poo, el Gobierno se encontraba ayer miércoles con un nuevo dato del Instituto Nacional de Estadística aún más demoledor a efectos de opinión pública. La última pesadilla después del PIB ha sido el IPC. Y, según el último dato publicado este miércoles, el Índice de Precios de Consumo (IPC) subió un 1,8% en junio en relación al mes anterior y disparó su tasa interanual 1,5 puntos, hasta el 10,2%, su nivel más alto desde abril de 1985.
Y si el dato de IPC es duro, el de la inflación subyacente directamente asusta, posiblemente incluso a Bruselas. Escala en junio hasta el 5,5%, un valor estructural no visto desde agosto de 1993.
Y Sánchez ha captado el mensaje: necesita más carga de profundidad —y de invasión del INE— para edulcorar las estadísticas clave.
El plan del Gobierno afecta a tres indicadores. PIB, IPC y EPA. Los tres de más relevancia en la opinión pública. Los que revelan la marcha de la actividad económica, de los precios y del paro. La labor del INE en esos indicadores se sujeta por completo al mandato del servicio estadístico europeo (Eurostat), pero la elaboración y cálculo de estos indicadores se apoya en una parte estadística que permite cierta modulación.
Esa labor estadística es más evidente en la EPA, que se realiza por encuesta. Pero ese indicador tiene repercusión en los datos de consumo, que influyen a su vez en el PIB. Y el cálculo de los precios tiene una fase decisiva en la composición de lo que se denomina la cesta de la compra, donde la estadística vuelve a jugar un papel decisivo.
El plan del Gobierno pasa por retirar parte de ese peso estadístico y sustituirlo por lo que denominan big data y datos administrativos. Y en ese momento es donde la información remitida al INE por el Gobierno puede alterar los cálculos finales.