La entrada en vigor el próximo 1 de enero del Impuesto Especial a los Envases de Plástico, tal y como se plantea en la Ley 7/2022 de Residuos y Suelos Contaminados de Sánchez, ha hecho saltar las alarmas del sector agroalimentario.
Las organizaciones agrarias ASAJA, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias, así como las asociaciones empresariales AECOC, ACES, ANGED, ASEDAS, FIAB, ADELMA, STANPA y EsPlásticos consideran que no es el momento de aplicar un nuevo impuesto que solo repercutiría negativamente en la competitividad de las empresas y sobre el consumidor. Por ello, creen que es necesario retrasar la entrada en vigor de la medida.
La escalada histórica de los precios del gas y la electricidad está causando un grave impacto en los costes empresariales y tensionando al alza la inflación. Asimismo, el desabastecimiento de materias primas, la falta de suministros básicos como fertilizantes o combustibles derivados de la guerra de Ucrania también les afectan. Este contexto altamente inestable está poniendo a prueba la resistencia de los sectores empresariales, por lo que no parece razonable añadir a corto plazo costes adicionales.
Asimismo, afirman que, dentro de la UE, en general no se ha optado por medidas fiscales en la legislación de la economía circular. Si bien otros países lo han planteado, incluso Italia lo reguló antes que España, son conscientes de la delicada situación económica y han ido posponiendo la entrada en vigor de este en sucesivas ocasiones.
Por otra parte, la implementación de un impuesto de estas características es sumamente complejo, y necesita un desarrollo reglamentario donde se expliquen de manera detallada todos los procedimientos y trámites administrativos a seguir, la creación de documentación, el desarrollo de aplicaciones informáticas, así como la definición clara de las obligaciones de cada uno de los afectados, entre otras cosas. Las casuísticas son infinitas, y las dudas sobre cómo poder cumplir con las obligaciones legales se multiplican, por lo que a día de hoy siguen siendo analizadas por la propia Administración para poder dar respuesta a su compleja aplicación.
Las asociaciones empresariales y las organizaciones agrarias consideran que además de por la complicada coyuntura económica, es imprescindible dar un margen de tiempo suficiente para poder resolver todas las cuestiones y dudas que se están planteando antes de obligar a gravar con un impuesto que nadie sabe de momento cómo aplicar.
La llamada "fiscalidad verde" o la que tiene "criterios de sostenibilidad" amenaza con convertirse en un coladero para justificar la imposición de todo tipo de tributos a empresas y ciudadanos. Desde la subida de los impuestos al diésel hasta la del Impuesto de Matriculación pasando por el nuevo Impuesto a los envases de plástico no reutilizables, que es el que hace temblar al sector de alimentación y bebidas. De llegar a implantarse, el que acabará pagando el tributo es el consumidor final.
Ya con los Presupuestos de 2021, el Gobierno de Sánchez se propuso recaudar 491 millones de euros al año con su puesta en marcha, aunque pospuso esta cifra a 2022 y ahora mira a 2023.
Por todo esto, todas las organizaciones que forman parte de la cadena de valor de los envases y recomiendan aplazar este nuevo impuesto que solo repercutiría negativamente en la maltrecha situación de las empresas y los ciudadanos.